El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, enfrentará por primera vez a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, el próximo 20 de marzo de 2025. Este hecho marca un punto crucial en la búsqueda de justicia internacional por las miles de muertes ocurridas durante su controvertida guerra contra las drogas, implementada durante su mandato entre 2016 y 2022.
Contexto de la acusación
Duterte, quien asumió la presidencia con una retórica de mano dura contra el narcotráfico, es acusado de crímenes de lesa humanidad debido a la ejecución extrajudicial de miles de presuntos traficantes y consumidores de drogas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han denunciado que muchas de estas muertes fueron perpetradas por fuerzas policiales y escuadrones de la muerte vinculados al gobierno.
A pesar de que Filipinas se retiró de la CPI en 2019, el tribunal internacional mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era miembro. La fiscalía de la CPI inició una investigación formal en 2021, lo que llevó a la citación de Duterte.
Reacción de Duterte y sus aliados
El expresidente, conocido por su lenguaje desafiante, ha calificado el proceso como una «intervención extranjera» en los asuntos internos de Filipinas. Sin embargo, tras una creciente presión internacional y el temor a sanciones económicas, Duterte ha aceptado presentarse ante el tribunal.
Por su parte, el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha mantenido una postura ambigua, afirmando que respetará la independencia del poder judicial, pero defendiendo la soberanía del país.
Expectativas y repercusiones
Expertos en derecho internacional señalan que esta comparecencia podría sentar un precedente histórico para otros líderes acusados de violaciones a los derechos humanos. Además, la comunidad internacional observa con atención, ya que un fallo en contra de Duterte podría fortalecer el papel de la CPI como un órgano de justicia global.
Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan que este proceso brinde justicia y reconocimiento a los miles de filipinos que perdieron la vida en la brutal campaña antidrogas.