El gobierno de Saskatchewan ha presentado una solicitud de orden judicial para detener a la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) en su intento de cobrar $28 millones que la provincia adeuda bajo el impuesto federal al carbono. Esta medida surge en medio de una disputa en curso entre el gobierno provincial y el federal sobre la recaudación de este impuesto.
La ministra de Justicia de Saskatchewan, Bronwyn Eyre, anunció la decisión en un video publicado en redes sociales, donde acusó al gobierno federal de intentar “embargar” la cuenta bancaria de la provincia. Eyre criticó duramente la medida, calificándola como un ataque a la autonomía provincial y una represalia por la negativa de Saskatchewan a remitir el impuesto sobre el gas natural utilizado para calefacción doméstica.
La disputa se intensificó después de que el gobierno federal eximiera el aceite de calefacción doméstica del impuesto al carbono, una medida que benefició principalmente a las provincias del Atlántico. En respuesta, Saskatchewan dejó de recaudar y remitir el impuesto sobre el gas natural y la electricidad utilizados para calefacción doméstica, afectando a aproximadamente el 85% de los hogares en la provincia que dependen del gas natural.
Eyre argumentó que la exención del aceite de calefacción crea una desigualdad injusta y que Saskatchewan no debería ser penalizada por proteger a sus residentes de los altos costos de calefacción. La ministra también señaló que la provincia está explorando todas las vías legales para desafiar la imposición del impuesto federal al carbono.
El gobierno federal, por su parte, ha defendido la necesidad del impuesto al carbono como una herramienta crucial para combatir el cambio climático y ha instado a todas las provincias a cumplir con las regulaciones. La CRA y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá no han respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la orden judicial.
La situación ha generado un debate acalorado entre los residentes de Saskatchewan, algunos de los cuales apoyan la postura del gobierno provincial, mientras que otros temen las posibles repercusiones financieras de no cumplir con las leyes federales. Los analistas advierten que la negativa de Saskatchewan a remitir el impuesto podría resultar en errores significativos en las finanzas futuras de la provincia.