THE LATIN VOX (31 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un momento de creciente desafío a las decisiones de los tribunales internacionales, Sudáfrica y Malasia han anunciado el lanzamiento de una ambiciosa campaña para proteger y defender las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI).
La iniciativa llega en un contexto donde varios países, incluyendo Estados Unidos, han mostrado abiertamente su desobedecimiento a los fallos de estos tribunales, mientras que ciertos miembros del Congreso de EE. UU. han impulsado sanciones contra la CPI como respuesta a sus investigaciones sobre crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses y aliados.
La campaña será impulsada por el recién formado «Grupo de La Haya», una coalición de nueve países que incluye a Colombia, Bolivia, Chile, Senegal y Namibia. El objetivo de esta alianza es restaurar la autoridad de estas instituciones clave en el orden legal internacional, mientras enfrentan desafíos sin precedentes en casos que abarcan desde los conflictos en Gaza y Ucrania hasta el tráfico de personas en el Mediterráneo.
Ronald Lamola, ministro de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, declaró que la formación de este grupo es una respuesta clara a la creciente deficiencia en la implementación de las decisiones del derecho internacional. “El Grupo de La Haya envía un mensaje inequívoco: ningún país está por encima de la ley, y ningún crimen quedará impune”, afirmó Lamola. En particular, Sudáfrica ha llevado a Israel ante la CIJ bajo acusaciones de genocidio en Gaza, un caso que ha generado una feroz respuesta por parte de Tel Aviv.
Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, subrayó que el objetivo del grupo no es castigar a Israel, sino señalar cómo ciertos países intentan socavar la autoridad de los tribunales internacionales. Según Ibrahim, las acciones de Israel “atacan los cimientos mismos del derecho internacional, que la comunidad global tiene el deber de defender”.
El surgimiento de esta campaña refleja el creciente descontento en el Sur Global frente a lo que se percibe como un doble estándar en la aplicación del derecho internacional por parte de las potencias occidentales. Recientemente, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los Estados miembros a tomar medidas para garantizar que Israel cumpla con los fallos de la CIJ, particularmente respecto a la ilegalidad de su presencia en los territorios ocupados palestinos.
Además de la campaña, Suiza ha sido encargada de organizar una conferencia en marzo entre los 196 países firmantes de las Convenciones de Ginebra, con el fin de discutir las obligaciones de respeto al derecho humanitario internacional en Palestina. A nivel diplomático, se espera que en junio se realice otra conferencia en Nueva York para abordar la viabilidad de una solución de dos Estados.
Por otro lado, las decisiones de la CIJ y la CPI han sido desafiadas no solo por actores en Oriente Medio, sino también por potencias como Estados Unidos y Rusia. El gobierno de EE. UU. ha promovido una ley que sancionaría a cualquier entidad o persona involucrada en una investigación de la CPI relacionada con crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses o sus aliados.
En un contexto más amplio, figuras como el presidente ruso Vladimir Putin, acusado por la CPI de crímenes de guerra, han viajado a países que no son parte del tratado fundacional de la corte, lo que pone en duda la eficacia de las órdenes de arresto internacionales.
La creciente impunidad y la falta de ejecución de las decisiones de los tribunales internacionales están poniendo en riesgo la credibilidad de las instituciones que han sido fundamentales para la construcción del orden mundial post-Segunda Guerra Mundial.
Oxfam, en un reciente informe, señaló que el 89% de las organizaciones no gubernamentales encuestadas han observado que la entrega de ayuda humanitaria a Gaza ha empeorado desde la emisión de órdenes de la CIJ el año pasado.
En este contexto, voces como la de la profesora Oona Hathaway, experta en derecho internacional, advierten que si las normas internacionales siguen siendo erosionadas, la legitimidad de estas instituciones podría llegar a un punto de no retorno. “Si seguimos por este camino, perderemos la capacidad de defender el derecho internacional, y eso sería una tragedia para la humanidad”, afirmó Hathaway.
El Grupo de La Haya, al tomar la iniciativa de defender los fallos de la CIJ y la CPI, busca no solo proteger los derechos de los más vulnerables, sino también fortalecer la vigencia del derecho internacional en un mundo cada vez más propenso a la unilateralidad y la impunidad.
Crédito fotográfico: Human Rights Watch