El 10 de enero de 2025, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue sentenciado en un tribunal de Manhattan por su condena en el caso de pagos encubiertos, apenas días antes de asumir la presidencia. El juez Juan Merchan emitió una «descarga incondicional», lo que significa que, aunque Trump mantiene la condena en su historial, no enfrentará tiempo en prisión, multas ni libertad condicional.
Esta sentencia se deriva de los pagos realizados para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal sobre supuestas relaciones con Trump antes de las elecciones de 2016. Los fiscales acusaron a Trump de falsificar registros comerciales y de mentir al declarar que estos pagos eran honorarios legales. Michael Cohen, exabogado de Trump, testificó en su contra durante el juicio.
A pesar de la condena, Trump ha calificado el caso como una «caza de brujas» y ha expresado su intención de apelar el veredicto. Es importante destacar que, aunque ha sido condenado por un delito grave, esto no impide que asuma la presidencia el 20 de enero de 2025. Sin embargo, la condena podría tener implicaciones políticas y legales durante su mandato.
Este caso es uno de los varios desafíos legales que Trump enfrenta. Otros procedimientos judiciales han sido pospuestos debido a su reciente elección, lo que indica que las cuestiones legales seguirán siendo un tema relevante durante su presidencia.
La decisión del juez Merchan de no imponer una pena de cárcel o multa ha generado diversas reacciones. Algunos críticos argumentan que la sentencia es demasiado indulgente, mientras que los partidarios de Trump la ven como una victoria que refuerza su posición de que las acusaciones en su contra son políticamente motivadas.