En enero de 2025, se produjo una escalada en las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia tras la negativa del presidente colombiano, Gustavo Petro, a permitir el aterrizaje de dos vuelos militares estadounidenses que transportaban a aproximadamente 80 colombianos deportados cada uno. Petro argumentó que no aceptaría vuelos con deportados en aviones militares hasta que Estados Unidos garantizara un trato digno a los repatriados.
En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la imposición inmediata de aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de Colombia, con la advertencia de que estos podrían incrementarse al 50% en una semana si Colombia no revertía su decisión.
Además, Trump implementó una serie de sanciones adicionales, incluyendo la prohibición de viajes y la revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus aliados, así como inspecciones fronterizas más rigurosas para ciudadanos y cargamentos colombianos.
Estas medidas fueron justificadas por Trump al afirmar que la negativa de Colombia comprometía la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que los vuelos transportaban a individuos considerados criminales ilegales.
Ante la presión ejercida por las sanciones estadounidenses, el presidente Petro cedió rápidamente y ofreció enviar el avión presidencial colombiano para repatriar a los deportados desde Estados Unidos, buscando asegurar un retorno digno para sus ciudadanos.
Este incidente subraya las tensiones en la relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas migratorios y de deportación. La rápida escalada y posterior resolución del conflicto reflejan la complejidad de las dinámicas diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y Colombia.