
THE LATIN VOX (2 de septiembre de 2025). Por Daniela Medina.
Un tribunal federal en San Francisco dictaminó que la administración de Donald Trump violó la ley federal al desplegar tropas de la Guardia Nacional junto a Marines en Los Ángeles durante protestas contra redadas migratorias en el verano.
El juez Charles Breyer consideró que tal despliegue contravenía el Posse Comitatus Act, legislación que prohíbe el uso del ejército en la aplicación de leyes internas.
Claves del fallo judicial
- Judge Breyer concluyó que la operación fue “voluntaria e intencional” y excedió los límites estatutarios y constitucionales, violando explícitamente el Posse Comitatus Act y la Décima Enmienda, que protege el poder estatal frente al federal.
- La acusación de California sostenía que los militares realizaron funciones propias de la policía —como control de multitudes, bloqueos de tráfico y perímetros de seguridad—sin coordinación con autoridades locales.
- Aunque casi todas las tropas fueron retiradas en julio, unas 250 guardias seguían en Los Ángeles. El fallo no ordenó su retiro inmediato, pero restringió su función a la protección de propiedades federales, dejando sin efecto cualquier rol de orden público.
- La orden no es definitiva: permanecerá en vigor mientras la administración de Trump presente un recurso de apelación, y está activa hasta al menos el 12 de septiembre.
Reacciones y resonancia política
- El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el fallo con un mensaje contundente en redes: “TRUMP PIERDE OTRA VEZ (…) su militarización de nuestras calles es ILEGAL”.
- Este fallo se suma a otros que limitan el uso del poder militar en el ámbito civil, y cuestiona la creciente tendencia de Trump a utilizar tropas en ciudades con gobiernos demócratas como Nueva York, Chicago o Baltimore.
Contexto y antecedentes del conflicto
- En junio de 2025, tras redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles, el gobierno federal desplegó 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 Marines, sin consentimiento del estado de California ni del gobernador local.
- El despliegue generó protestas masivas, enfrentamientos e incendios de vehículos, desencadenando el litigio liderado por California contra la militarización de la seguridad pública.
Implicaciones legales y sociales
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Marco legal violado | Posse Comitatus Act y Décima Enmienda: límites al uso militar en tierra |
| Funciones ilegales aplicadas | Control de multitudes, cierres de tráfico, protección de operaciones del ICE |
| Situación actual | Solo quedan ~250 guardias; se restringen funciones a protección de inmuebles |
| Precedente político | Respaldo judicial a la soberanía estatal y freno al uso militar interno |
| Próximos pasos legales | Recurso de apelación y audiencia programada en corte de Apelaciones |
| Significado simbólico | Declaración de límites al poder presidencial en tiempos de emergencia civil |
Perspectiva internacional
Este fallo refuerza la importancia del equilibrio constitucional en sistemas democráticos: el ejército no debe asumir funciones de policía sin un marco claro y sin someterse al Estado de derecho. Representa una victoria del federalismo sobre la expansión unilateral del poder ejecutivo.
Asimismo, podría influir en decisiones futuras que contemplen despliegues militares en contextos domésticos, inspirando precaución y control institucional.
Conclusión
El fallo del juez Breyer marca un precedente contundente: la legalidad y la Constitución siguen siendo filtros críticos incluso bajo presión política. El uso indebido de la Guardia Nacional no quedó impune. Este hito judicial reafirma que en democracia, el poder militar debe estar siempre subordinado a la ley y al control civil.
Fuente: CTV News
Foto: Getty Images