La senadora canadiense Salma Ataullahjan ha encabezado una delegación de parlamentarios y activistas de derechos humanos que ha visitado los campos de prisioneros sirios donde se encuentran detenidos decenas de ciudadanos canadienses acusados de tener vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI).
La delegación, que viajó a Siria la semana pasada, se reunió con representantes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la alianza kurdo-árabe que controla el noreste del país y que gestiona los campos de Al-Hol y Al-Roj, donde se estima que hay unos 40 canadienses, entre ellos 26 niños.
El objetivo de la visita era presionar al gobierno canadiense para que repatrie a sus ciudadanos, que llevan más de dos años en condiciones inhumanas y sin acceso a servicios básicos como la salud, la educación o la seguridad. La senadora Ataullahjan dijo que los niños son los más vulnerables y que muchos de ellos sufren desnutrición, enfermedades y traumas psicológicos.
“Estos niños son canadienses y tienen derecho a la protección de su país. No podemos abandonarlos a su suerte en un lugar donde no tienen futuro ni esperanza”, declaró la senadora a CTV News.
La delegación también se entrevistó con algunos de los detenidos canadienses, que pidieron clemencia y perdón por haberse unido al EI. Algunos de ellos dijeron que fueron engañados o coaccionados por sus parejas o familiares, mientras que otros afirmaron que se arrepienten de sus acciones y que quieren volver a Canadá para ser juzgados y rehabilitados.
El gobierno canadiense ha mantenido una postura ambigua sobre el tema de los detenidos en Siria y ha argumentado que no tiene presencia diplomática ni consular en el país, lo que dificulta su repatriación. Sin embargo, la delegación sostiene que hay vías legales y humanitarias para facilitar el retorno de los ciudadanos canadienses, como han hecho otros países como Francia, Alemania o Estados Unidos.
La senadora Ataullahjan dijo que presentará un informe al Parlamento sobre su visita a Siria y que seguirá abogando por la repatriación de los detenidos canadienses. “No podemos ignorar esta situación ni dejarla en manos de otros. Tenemos una responsabilidad moral y legal con nuestros ciudadanos y con la comunidad internacional”, concluyó.