
THE LATIN VOX (13 de septiembre de 2025).- Por Daniela Medina.
El Gobierno de Venezuela emitió una denuncia grave contra los Estados Unidos al afirmar que un destructor estadounidense abordó y retuvo durante ocho horas a un barco atunero venezolano en su Zona Económica Exclusiva (ZEE). El Ejecutivo venezolano sostiene que la acción fue “ilegal y hostil”, que intervino con fuerza militar excesiva y que el objetivo detrás del operativo sería generar un incidente destinado a justificar una escalada militar y promover un cambio de régimen en Caracas. La disputa se produce en medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, tras una cadena de acciones militares, acusaciones mutuas y despliegues de fuerzas navales en el Caribe.
Detalles del incidente según Caracas
Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela:
- El barco atacado era un atunero venezolano con nueve pescadores a bordo, descritos por el gobierno como “humildes” y “inocentes”.
- Ocurrió el día viernes, cuando el pesquero navegaba 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, territorio venezolano.
- La embarcación fue abordada por el destructor USS Jason Dunham (DDG-109), en una operación en la que participaron 18 agentes armados de la marina de EE. UU. que se mantuvieron a bordo del pesquero durante ocho horas.
- Durante ese tiempo, según Venezuela, los agentes impidieron al barco comunicarse o continuar su labor de pesca, señalando que se usaron medios militares “excesivos”.
- Luego de esas ocho horas, los pescadores fueron liberados bajo escolta de la Armada venezolana.
Contexto político y diplomático
El incidente no ocurre en un vacío, sino que se inscribe en una escalada de presión militar, acusaciones y maniobras que han aumentado la tensión entre Venezuela y EE. UU.:
- En semanas recientes, Washington ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe como parte de una estrategia que, según la Casa Blanca, busca combatir el narcotráfico.
- También hace poco tiempo, EE. UU. realizó un ataque militar contra una lancha venezolana —acusada por Washington de estar asociada con narcotráfico— dejando como saldo 11 muertos. Venezuela ha negado que los fallecidos pertenezcan al grupo criminal señalado.
- El Gobierno venezolano insiste en que tales acciones constituyen una amenaza directa a su soberanía y seguridad, y un intento de presentarlas como provocaciones para legitimar mayor presencia militar estadounidense en la región.
Reacciones oficiales y repercusiones internacionales
- El canciller venezolano Yván Gil calificó el abordaje como “ilegal y hostil” y lo presentó como una provocación cuyo objetivo sería facilitar un escalamiento bélico en el Caribe y justificar esfuerzos de cambio de régimen en Venezuela.
- Caracas exige que EE. UU. “cese de inmediato estas acciones que ponen en peligro la seguridad y la paz del Caribe”.
- Por parte de Estados Unidos, hasta ahora no se ha emitido una respuesta oficial confirmando todos los detalles que Venezuela denuncia. Es probable que existan investigaciones internas o verificaciones, así como discusiones diplomáticas silenciosas.
Aspectos legales y marinos en disputa
El incidente plantea múltiples preguntas en términos del derecho internacional, las normas marítimas, los derechos de soberanía y los protocolos adecuados para operaciones militares en zonas marítimas limítrofes:
- Zona Económica Exclusiva (ZEE)
La ZEE de un país le otorga derechos exclusivos sobre los recursos naturales de esa área, pero no una soberanía completa como el mar territorial. Las naciones tienen limitaciones para operar allí sin acuerdo, especialmente en lo que respecta a fuerza militar o boarding de embarcaciones civiles. Esto hace que la acusación venezolana sobre “abordaje ilegal” tenga un fundamento potencial en tratados internacionales marítimos. - Operaciones militares vs operaciones contra narcotráfico
EE. UU. justifica muchas de sus maniobras en el Caribe como parte de operaciones para detener el narcotráfico y amenazas al sistema de seguridad regional. Sin embargo, cuando esas operaciones implican el uso de buques militares enfrentándose a embarcaciones civiles, la legalidad puede depender de si hay pruebas claras de ilegalidad, flagrancia, peligro, o cooperación internacional. - Protocolo diplomático
En situaciones diplomáticas de este tipo, suelen activarse canales oficiales de protesta, discusiones bilaterales, investigaciones de los hechos, solicitudes de pruebas (e.g. ubicación exacta, movimientos del barco, órdenes por escrito) y posibles intervenciones en foros internacionales si se considera que un Estado ha violado normas.
Posibles consecuencias de mediano plazo
- Escalada diplomática: Este tipo de enfrentamientos podrían llevar a que Venezuela acuda a organismos internacionales (ONU, OEA, Corte Internacional de Justicia) para presentar denuncias, exigir reparaciones o al menos clarificaciones oficiales.
- Incremento de tensiones militares: Con patrullajes, enfrentamientos de vigilancia naval/marítima, maniobras aéreas, etc., la presencia militar estadounidense podría continuar siendo ampliada en el área, lo cual podría generar incidentes mayores si no se manejan con transparencia y respeto al derecho internacional.
- Impacto en la población local: Los pescadores afectados enfrentan riesgos directos: pérdida de tiempo, interrupción de su labor, posibles daños materiales, y estrés ante lo que Venezuela considera una violación grave de sus derechos. A su vez, podría generar temor comunitario de otras actividades marítimas.
- Percepción internacional: Gobernantes, cancillerías y medios de otros países estarán muy atentos a cómo EE. UU. responde, ya que la legitimidad de cualquier actuación militar en aguas cercanas a otros países es un tema sensible con repercusiones políticas, diplomáticas y de imagen pública.
- Derechos humanos y propaganda: En ambos lados del conflicto hay potencial para que se usen imágenes, declaraciones y denuncias para fines propagandísticos. Verificar la veracidad de lo que se denuncia, por ejemplo el tipo de embarcación, si había autorización para faenar, cuántos agentes intervinieron, etc., se hace crítico.
Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la tensión persistente entre soberanía nacional, seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico. Existe un delicado equilibrio legal, diplomático y práctico entre las acciones de un Estado que busca protegerse de amenazas transnacionales y el derecho de otro Estado de defender sus fronteras, su economía, su gente y su derecho al mar.
Para Venezuela, cada acción militar que perciben como agresiva o unilateral se convierte en una oportunidad para denunciar lo que considera intervencionismo; para EE. UU., el reto es mostrar pruebas, legitimar sus acciones dentro del marco legal internacional, y evitar que incidentes de este tipo degeneren en conflictos mayores.
Fuente: /www.cbsnews.com
Foto: www.semana.com