Según un informe publicado por la Auditoría General de Canadá, el gobierno federal tarda hasta tres años en procesar las solicitudes de refugio de las personas que llegan al país buscando protección. Esta situación genera una gran incertidumbre y angustia entre los solicitantes y sus familias, así como dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación.
El informe señala que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) y el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC) no han podido gestionar eficazmente el aumento de las solicitudes de refugio que se produjo desde 2017, cuando miles de personas cruzaron la frontera entre Estados Unidos y Canadá de manera irregular. El número de solicitudes pendientes se ha multiplicado por cinco, pasando de 16.000 en 2016 a más de 80.000 en 2020.
El informe también critica la falta de coordinación entre la ASFC y el IRCC, que ha provocado retrasos en la entrega de documentos de identidad, permisos de trabajo y estudio, y evaluaciones médicas a los solicitantes de refugio. Además, el informe advierte que el sistema actual no garantiza que las personas que necesitan una protección urgente sean atendidas con prioridad.
Ante estas deficiencias, el informe recomienda que la ASFC y el IRCC mejoren sus procesos internos, establezcan objetivos claros y medibles, y aumenten la transparencia y la comunicación con los solicitantes de refugio y las organizaciones que los apoyan. Asimismo, el informe sugiere que el gobierno revise su política de acuerdos bilaterales con otros países, como el Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, que impide a las personas solicitar refugio en Canadá si ya lo han hecho o han transitado por otro país considerado seguro.
Los defensores de los derechos de los refugiados han acogido con satisfacción el informe y han instado al gobierno a implementar sus recomendaciones lo antes posible. También han pedido que se aumente el presupuesto y los recursos humanos dedicados al sistema de refugio, y que se facilite el acceso a la reunificación familiar, la residencia permanente y la ciudadanía para los solicitantes de refugio. Según ellos, estas medidas son necesarias para garantizar una protección efectiva y duradera a las personas que huyen de la violencia, la persecución y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen.