El gobierno de Québec anunció el martes su plan de inmigración para los próximos años, que prevé recibir a unos 60 mil inmigrantes en 2024, un aumento del 10% respecto al nivel actual. Además, el gobierno introducirá un requisito de conocimiento del francés para los trabajadores extranjeros que soliciten la residencia permanente.
El ministro de Inmigración, Simon Jolin-Barrette, dijo que el plan tiene como objetivo responder a las necesidades del mercado laboral y favorecer la integración de los recién llegados. Según el ministro, Québec necesita más inmigrantes para hacer frente al envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra.
El plan establece que el 65% de los inmigrantes que lleguen a Québec entre 2022 y 2024 serán seleccionados por el gobierno provincial, mientras que el 35% restante serán admitidos por el gobierno federal a través de programas como el de refugiados o el de reunificación familiar. Dentro de la cuota provincial, el 59% corresponderá a la categoría económica, el 25% a la humanitaria y el 16% a la familiar.
El gobierno también anunció que, a partir del 1 de noviembre de 2023, los trabajadores extranjeros temporales y los estudiantes internacionales que quieran solicitar la residencia permanente en Québec deberán demostrar un nivel intermedio-avanzado de francés. Esta medida se aplicará tanto a los solicitantes principales como a sus cónyuges.
Jolin-Barrette dijo que el objetivo es asegurar que los inmigrantes se integren plenamente a la sociedad québécoise y puedan participar en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural. El ministro afirmó que el gobierno ofrecerá cursos gratuitos de francés y apoyo financiero a los inmigrantes que necesiten mejorar su nivel de idioma.
El plan de inmigración fue recibido con críticas por parte de la oposición y de algunos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que lo consideraron insuficiente, restrictivo e injusto. Algunos argumentaron que el aumento del nivel de inmigración es demasiado bajo para cubrir las necesidades del mercado laboral, mientras que otros cuestionaron la legalidad y la eficacia del requisito lingüístico.