El Congreso de Panamá ha aprobado por unanimidad la anulación del contrato de la mina de cobre Cobre Panamá, operada por la empresa canadiense First Quantum Minerals Ltd., por considerar que viola la Constitución y los derechos de las comunidades indígenas.
La decisión se basa en un informe de una comisión legislativa que concluyó que el contrato, firmado en 1997 entre el Estado panameño y la empresa Minera Petaquilla S.A., que posteriormente fue adquirida por First Quantum, es inconstitucional porque otorga a la empresa derechos exclusivos sobre la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales en una extensa zona del país.
El informe también señala que el contrato vulnera los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el área de influencia de la mina, al no haberse realizado una consulta previa, libre e informada, ni haberse garantizado el respeto al medio ambiente y a la cultura.
La mina de Cobre Panamá es el mayor proyecto minero de Panamá y uno de los más grandes del mundo, con una inversión de más de 6.300 millones de dólares y una producción estimada de 375.000 toneladas de cobre al año. La mina comenzó a operar en 2019 y representa el 4% del producto interno bruto (PIB) del país.
La anulación del contrato supone un duro revés para First Quantum, que ha expresado su sorpresa y decepción por la medida y ha anunciado que tomará las acciones legales pertinentes para defender sus intereses. La empresa ha afirmado que el contrato es válido y que ha cumplido con todas las normas ambientales y sociales.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, tiene ahora la potestad de sancionar o vetar la ley que anula el contrato. Cortizo ha dicho que analizará el tema con responsabilidad y prudencia, teniendo en cuenta los intereses nacionales y los compromisos internacionales. El mandatario ha reconocido que el contrato tiene problemas legales, pero también ha destacado la importancia económica y social de la mina.