La activista indígena Cindy Blackstock denunció el martes el desequilibrio entre los 55 millones de dólares que recibirán los abogados que trabajaron en un histórico acuerdo sobre el bienestar infantil de las Primeras Naciones y los 40.000 dólares que se pagarán a cada niño afectado por la discriminación del gobierno federal.
Blackstock, directora ejecutiva de la Sociedad de Apoyo a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones, dijo que los abogados se merecen una compensación justa por su trabajo, pero cuestionó la proporción entre los honorarios legales y la indemnización a las víctimas.
Según Blackstock, los 55 millones de dólares representan el 13,75% del total de 400 millones de dólares que se destinarán a compensar a unos 300.000 niños indígenas y sus familias por el subfinanciamiento crónico de los servicios de bienestar infantil en las reservas.
El acuerdo de 23.000 millones de dólares, aprobado por el Tribunal Federal el mes pasado, se alcanzó después de una larga batalla legal con el gobierno federal, que incluyó una decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Canadá en 2016 que declaró que el subfinanciamiento era discriminatorio.
Blackstock dijo que el gobierno federal debería haber asumido la responsabilidad de compensar a los niños mucho antes, en lugar de gastar millones de dólares en abogados para defenderse de las demandas. También dijo que el gobierno debería haber consultado a las comunidades indígenas sobre el acuerdo y los honorarios legales.
El Ministerio de Servicios Indígenas de Canadá dijo que considera que el monto del acuerdo propuesto es razonable y que está en línea con los honorarios legales pagados por demandas colectivas anteriores. También dijo que el acuerdo no afectará al dinero destinado a mejorar los servicios de bienestar infantil de las Primeras Naciones.