La Asociación Canadiense de Contratistas de Perforación y Servicios (CAODC) ha solicitado al gobierno federal que destine 500 millones de dólares para apoyar a la industria del petróleo y el gas en su transición hacia una economía baja en carbono. La CAODC representa a más de 100 empresas que operan unos 500 equipos de perforación y 1.200 equipos de servicios en todo el país.
La CAODC ha presentado un plan de acción que incluye cuatro propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector:
- Crear un fondo de innovación para incentivar el desarrollo y la adopción de tecnologías limpias, como la captura y almacenamiento de carbono, el hidrógeno azul y la electrificación de los equipos.
- Establecer un programa de incentivos fiscales para fomentar la inversión en proyectos de eficiencia energética, como la modernización de los motores diésel o la sustitución de los generadores por baterías.
- Implementar un sistema de créditos de carbono para reconocer y recompensar las acciones voluntarias de reducción de emisiones de las empresas, como la eliminación de las fugas de metano o la utilización de combustibles alternativos.
- Apoyar la formación y la reconversión laboral de los trabajadores del sector, para facilitar su adaptación a las nuevas demandas y oportunidades del mercado.
El presidente y director ejecutivo de la CAODC, Mark Scholz, dijo que la industria del petróleo y el gas está comprometida con la lucha contra el cambio climático, pero que necesita el apoyo del gobierno para hacer frente a los desafíos y los costes que implica la transición. Scholz afirmó que el plan de acción de la CAODC contribuiría a crear empleos, generar ingresos y mejorar la competitividad de la industria, al tiempo que reduciría su huella de carbono.
El plan de acción de la CAODC se produce en un momento en el que el gobierno federal ha anunciado su intención de aumentar el impuesto al carbono de 30 a 170 dólares por tonelada para 2030, como parte de su plan para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Esta medida ha generado el rechazo de varias provincias productoras de petróleo y gas, como Alberta, Saskatchewan y Ontario, que la consideran injusta y perjudicial para sus economías.