La pesca de langosta es una actividad económica y cultural importante para los pueblos indígenas de las Marítimas, una región de Canadá que comprende las provincias de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la Isla del Príncipe Eduardo. Sin embargo, esta actividad se ha visto envuelta en una disputa legal y social con los pescadores no indígenas, que acusan a los indígenas de pescar fuera de temporada y sin respetar las normas de conservación.
El conflicto se remonta a 1999, cuando la Corte Suprema de Canadá reconoció el derecho de los pueblos Mi’kmaq y Maliseet a pescar para obtener un “medio de vida moderado”, basado en los tratados de paz y amistad firmados en el siglo XVIII. Sin embargo, la corte no definió claramente qué significa ese concepto, ni cómo se debe regular la pesca indígena.
En 2020, la Primera Nación Sipekne’katik lanzó su propia pesquería autoregulada, pescando antes del inicio de la temporada oficial el 30 de noviembre. Esto provocó la reacción violenta de los pescadores no indígenas, que asaltaron y quemaron almacenes de langosta, vandalizaron vehículos y acosaron a los pescadores indígenas.
El gobierno federal intervino para tratar de mediar entre las partes, pero también inició procesos judiciales contra más de 50 pescadores indígenas, acusándolos de violar la Ley de Pesca y el Reglamento de Pesca Marítima. Algunos de los acusados han decidido presentar un desafío constitucional, argumentando que sus derechos ancestrales están por encima de las leyes federales.
Esta semana, se espera que la corte escuche los argumentos de ambas partes, así como de otros grupos interesados, como las organizaciones indígenas, los pescadores comerciales y los ambientalistas. El caso podría sentar un precedente para la definición y el alcance de los derechos de pesca indígena en Canadá, y podría tener implicaciones para otros sectores económicos, como la minería, la silvicultura y la energía.
La pesca de langosta no es solo una cuestión de dinero, sino también de identidad, soberanía y justicia para los pueblos indígenas de las Marítimas. Por eso, es necesario encontrar una solución que respete sus derechos, pero que también garantice la sostenibilidad de los recursos marinos y la convivencia pacífica con los demás actores.