El 14 de marzo de 2024, el Primer Ministro de Terranova y Labrador, Andrew Furey, continuó su disputa con Ottawa sobre el aumento del impuesto al carbono1. Furey argumentó en una carta abierta que el aumento del impuesto al carbono, programado para el 1 de abril, es un castigo para los residentes en un momento de precios en alza y salarios estancados.
Furey sostuvo que el impuesto al carbono indirectamente cuesta a los consumidores debido al impuesto aplicado al envío de bienes a la provincia, lo que hace que los alimentos y otros productos sean más caros1. Afirmó que, aunque el gobierno federal ha trabajado duro para aumentar el reembolso rural, todavía existe una brecha.
Jesse Bartsoff, portavoz de la oficina del viceprimer ministro, defendió la política diciendo que el impuesto al carbono representará casi un tercio de las reducciones de emisiones de Canadá para 2030 y pondrá más dinero en los bolsillos de quienes lo necesitan1. Según Bartsoff, los reembolsos a través del impuesto aseguran que «8 de cada 10 canadienses reciben más de lo que pagan, beneficiando más a las familias de bajos ingresos».
El líder de la oposición, Tony Wakeham, se hizo eco de la llamada del líder del Partido Conservador Federal, Pierre Poilievre, para eliminar completamente el impuesto al carbono1. Wakeham sugirió que, en lugar de usar la tributación para fomentar la transición a la energía renovable, los gobiernos deberían invertir en tecnología para aprovechar la energía verde en la provincia, como los desarrollos eólicos e hidroeléctricos.
Este debate sobre el impuesto al carbono en Canadá pone de relieve las tensiones entre las políticas económicas y medioambientales. A medida que el país lucha por equilibrar la necesidad de reducir las emisiones de carbono con el impacto económico de dichas políticas, es probable que este debate continúe.