En una firme respuesta a la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, México ha declarado que no aceptará deportaciones del estado de Texas bajo ninguna circunstancia. La ley en cuestión, conocida como el Proyecto de Ley del Senado 4, ha sido condenada por el gobierno mexicano por considerar que viola los derechos humanos de los migrantes, promueve ambientes hostiles y podría resultar en la separación de familias.
El diplomático principal de México para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, expresó su rechazo a través de las redes sociales, enfatizando que las políticas migratorias deben ser negociadas entre gobiernos federales. México ha criticado severamente la medida desde el año pasado, rechazando la idea de que agencias locales o estatales, en lugar de autoridades federales, detengan y devuelvan a migrantes y solicitantes de asilo al territorio mexicano.
Esta postura se alinea con los esfuerzos continuos de México por abordar las causas fundamentales que obligan a las personas a abandonar sus países de origen, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y el cambio climático, y por expandir las vías regulares para la migración. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que la administración de Biden otorgue estatus legal a al menos cinco millones de mexicanos indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos.
La ley de Texas, que ahora regresa a un tribunal de apelaciones y podría eventualmente volver a la Corte Suprema, ha sido objeto de críticas por parte de quienes la consideran una violación de los derechos civiles y una puerta abierta al perfil racial. Mientras tanto, la Casa Blanca ha calificado la ley como “dañina e inconstitucional” y ha instado a los republicanos del Congreso a resolver el problema con un proyecto de ley federal sobre seguridad fronteriza.