Amanda Meza /Corresponsal en Perú
Artistas y defensoras de derechos humanos se han pronunciado en el Perú por un juicio que consideran inaudito y un peligroso antecedente de tener una condena judicial.
Se trata del caso contra la artistas Leonor Estrada o Lola Estrada quien se enfrenta a un juicio por supuesta ofensa a los símbolos patrios.
Durante las protestas de 2022 y 2023 que terminaron en la muerte de casi 80 peruanos, 50 en la represión militar policial de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y otros 30 en acciones vinculadas a estas acciones, la artista creó un personaje en apariencia parecido al de Dina Boluarte pero que se llamaba «Dina Balearte», un nombre ficticio con el que se le suele llamar a la mandataria a manera de argot popular. El personaje parecía indiferente a las muertes, pisaba la bandera nacional y bailaba sobre ella.
La artista explica: “Tuve la imagen de esta presidenta ficcional, una persona para quien las muertes no significaban nada, que gozaba que la represión callara al pueblo, que se complacía y así surgió el personaje, un personaje lleno de oscuridad. Aparecía con una banda presidencial que decía «Asesina» y representaba la desidia absoluta por el país y los derechos humanos. Y la bandera aparece y no es respetada por el personaje, porque se considera por encima del símbolo, baila, se sienta sobre la bandera, tiene una falta de respeto por la bandera, que no es solo el objeto, sino que no tiene niguna valoración por la patria y el pueblo peruano».
«La bandera no se mancha con una performance; la bandera se mancha con las muertes de ciudadanos y ciudadanas que no obtienen justicia. Mientras que yo me enfrento a la justicia ahora en este proceso, no hay nadie que enfrente la justicia por esas muertes.
El juicio a Lola Estrada innició el 16 de setiembre y no ha sido público como suele ocurrir con otros casos que son difundidos y transparentadpos a través del canal Justicia TV que pertenece al Poder Judicial.
Gabriela Paliza, abogada del Centro Legal Comunitario María Trinidad, informa que los medios de prueba de la fiscalia son «un video de 15 segundos sin contexto alguno», «actas de transcripción de comentarios en redes sociales», «plataformas digitales y medios de comunicación sezgados que criminalizan la protesta». Agrega que hay intentos de que la ciudadanía no sepa lo que está pasando con este juicio.
Señala que la Fiscalía y el Ministerio de Defensa se han opuesto a esta petición de que el juicio sea público, argumentando que la solicitud de la defensa busca generar presión mediática, mencionando que ya han salido en al menos dos periódicos y sugiriendo que cualquier intento de publicitar el juicio tendría el mismo fin.
Al respecto, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que “justamente por esta situación de secretismo, la Coordinadora Nacional ha pedido ser acreditada
como veedora de este proceso. Presentaremos un amicus curiae con la jurisprudencia existente y el estándar internacional sobre el derecho de los artistas, reafirmando que el arte no es un crimen.”
La comunidad artística ha mostrado preocupación porque el caso podría ser un antecedente para que haya censura a otros artistas e incluso amenaza la libertad de protesta ciudadana.
Ana Correa, integrante de la prestigiosa compañía de teatro y memoria peruana Yuyachkani, señala: “Pienso que la denuncia contra Lola Estrada debe desestimarse porque atentaría contra el derecho de la libertad del arte. La bandera es nuestra. Nos hemos apropiado de ella para denunciar la represión y la masacre.”
Karen Bernedo, artista feminista audiovisual, destaca que “este es un caso emblemático para toda la ciudadanía, no solo para la comunidad del arte. Es la primera vez que un caso llega a juicio y lo que se enjuicia es una performance. Este caso no es aislado, llega en un contexto que no es democrático y
se expresa en la persecución del arte y la cultura.”
Por su parte, Gabriela Paliza, abogada de Lola Estrada, remarca: «Este es un caso de evidente persecución política y criminalización de la protesta. El tipo penal se está interpretando de manera equivocada y descontextualizada.”
Este juicio marcará un momento decisivo para la libertad de expresión en el Perú, debido a que se determinará si el sistema judicial protege el derecho de los artistas a utilizar su obra como medio de protesta.