“Más vale parar que morir”, le ha dicho un dirigente de transportistas de Lima a una periodista de un canal televisivo llamada Mónica Delta que intentaba poner sobre sus hombre la responsabilidad de que el país “pare el desarrollo” aún cuando las pérdidas económicas por el delito de extorsión alcanzan los más de 6 mil millones de soles al año, según la Cámara de Comercio de Lima.
Se llama Julio Campos y es dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas que ha sido claro en señalar que esperan medidas efectivas contra los extorsionadores. Campos señala que ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen voluntad política para mandar al archivo los proyectos que tipifican el “terrorismo urbano” -una ley que criminaliza a quienes protestan- ni derogar la norma sobre el crimen organizado,.
Solo un día, el 8 de octubre, se ejecutaron 7 asesinatos en mensos de 12 horas y aún cuando el régimen de Dina Boluarte había declarado estado de emergencia en varias regiones y zonas de la capital.
Un informe del diario La República sostiene que siete de cada 10 transportista es extorsionado. El 50% de los 23 mil bodegueros es víctima de ese delito y solo en Lima ya han cerrado 3 mil tiendas. Los rubros de construcción civil, peluquerías y hasta comedores populares son obligados a pagar cupos.
Tres días de paro han concretado con éxito los transportistas en la última semana. Pero en el Gobierno y en el Congreso no les escuchan.
En el Congreso modificaron la ley contra el crimen organizado, los transportistas y otros sectores de la población exigen que se derogue porque debilita la lucha contra el crimen organizado.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha expresado que este tipo de normativas permite a las bandas extorsionadoras operar con mayor libertad y sofisticación. Esto se debe a que la Ley 32108 cambia el concepto de organización criminal, limitando su aplicación a delitos con penas mayores a seis años. Así, quedan excluidos los delitos que tienen menos de 6 años de condena, como trata de personas, extorsión, tráfico de órganos, estafa agravada, tala ilegal, tortura, corrupción de funcionarios, entre otros.
“Ante la ola de inseguridad (extorsiones, cobro de cupos, sicariato y muerte de peruanos); en respuesta a la incapacidad, indiferencia del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial; anunciamos paro nacional; para este 12 de noviembre del 2024”, se lee en el comunicado de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.