En un nuevo giro de los escándalos políticos y judiciales que rodean al expresidente boliviano Evo Morales, ha surgido una denuncia que lo acusa de haber tenido una hija con una menor de edad durante el tiempo que ejercía la presidencia de Bolivia. Esta acusación, que ha generado una intensa polémica en el ámbito político y social del país, se suma a otras denuncias y controversias que Morales ha enfrentado en los últimos años, tanto durante su tiempo en el poder como después de su renuncia en 2019 tras la crisis política y social que sacudió a Bolivia.
Según los informes presentados por la parte denunciante, Morales habría mantenido una relación con una menor de edad mientras aún ostentaba el cargo de presidente, relación que habría resultado en el nacimiento de una hija. El escándalo estalló luego de que la denuncia se formalizara ante la Fiscalía del país, y desde entonces ha generado una oleada de reacciones en los distintos sectores políticos, medios de comunicación y sociedad civil boliviana.
El contenido de la denuncia sostiene que, durante su mandato, Morales abusó de su posición de poder para involucrarse sentimentalmente con la menor, quien en ese momento no habría alcanzado la mayoría de edad. Si bien los detalles específicos de la relación aún son motivo de investigación, la gravedad del caso ha provocado que tanto la fiscalía como otras entidades judiciales inicien una investigación exhaustiva. Según las fuentes, la madre de la menor se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos, mientras que se especula que el supuesto hijo o hija de esta relación no habría sido reconocido oficialmente por Morales.
Ante la magnitud de estas acusaciones, Evo Morales ha negado rotundamente los hechos, calificándolos como un “complot político” orquestado por sus opositores para dañar su imagen pública y desacreditar su liderazgo dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que aún ostenta gran influencia en la política boliviana. En un comunicado oficial, Morales declaró: “Esta es una más de las infamias que la derecha boliviana y sus aliados internacionales han levantado en mi contra para continuar atacando al proceso de cambio que lideramos. Rechazo categóricamente estas acusaciones y confío en que la verdad saldrá a la luz”.
Su entorno más cercano, incluidos altos dirigentes del MAS, también ha salido en defensa del exmandatario, señalando que este tipo de denuncias forman parte de una campaña mediática y judicial que busca desprestigiarlo, especialmente en un contexto donde Morales ha expresado su interés en seguir participando activamente en la política nacional. Algunos simpatizantes aseguran que esta denuncia se asemeja a otras maniobras de lawfare, término que se utiliza para describir el uso del sistema judicial con fines políticos.
El impacto de esta denuncia ha sido profundo y ha polarizado aún más a la sociedad boliviana, ya dividida por las posiciones ideológicas en torno a Morales y su legado. Para muchos críticos, estas acusaciones representan una prueba más de los abusos cometidos durante su gobierno, mientras que sus defensores aseguran que esto es un claro ejemplo de persecución política.
En las redes sociales, los hashtags relacionados con el caso han sido tendencia, mientras figuras públicas de diferentes sectores han tomado partido. Algunos sectores de la oposición han aprovechado la oportunidad para exigir una investigación a fondo y transparente, insistiendo en que, de confirmarse la veracidad de las acusaciones, Morales debería enfrentar las consecuencias legales correspondientes. La senadora opositora Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia interina tras la renuncia de Morales en 2019, manifestó en Twitter: “La justicia debe ser imparcial y valiente. Nadie, ni siquiera los poderosos, debe estar por encima de la ley”.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y feministas han señalado la gravedad del asunto, llamando la atención sobre los casos de abuso sexual y de poder en posiciones de alto nivel. Desde algunas ONGs se ha recordado que, independientemente de quién sea el acusado, las leyes deben aplicarse con rigor cuando se trata de la protección de menores. “No podemos permitir que las autoridades eludan su responsabilidad ante estos delitos tan graves”, expresó una representante de una conocida organización en defensa de los derechos de la mujer.
El proceso judicial en torno a esta denuncia está en una etapa preliminar, pero se espera que las investigaciones continúen en los próximos meses. La justicia boliviana ha indicado que la denuncia será tratada con el mayor rigor, dado el impacto social y político que podría tener tanto en el país como en la imagen internacional de Bolivia. Si se llegaran a confirmar los hechos, Morales podría enfrentarse a cargos por delitos graves relacionados con el abuso de menores, lo que abriría un nuevo capítulo en su ya compleja relación con el sistema judicial boliviano.
Este nuevo escándalo añade más presión a la figura de Morales, quien, a pesar de haber dejado la presidencia, sigue siendo una figura central en la política boliviana y un líder indiscutido del MAS. Los próximos meses serán claves para determinar el desenlace de esta denuncia y su repercusión tanto en la vida política de Morales como en el panorama político de Bolivia en general.