THE LATIN VOX (26 de octubre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Un importante partido de la oposición venezolana ha denunciado el asesinato de Edwin Santos, un activista que fue detenido por las fuerzas de seguridad del estado en el oeste del país, específicamente en el estado de Apure. La organización Voluntad Popular (VP) responsabiliza al régimen del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Santos, quien fue secuestrado el miércoles y encontrado muerto el viernes en la mañana.
Según el comunicado del partido, Santos “fue asesinado tras ser abductido por miembros de las fuerzas de seguridad del estado”. El activista había estado trabajando en temas de defensa de los derechos humanos y su muerte ha generado una ola de indignación entre los sectores opositores al régimen.
Santos había desaparecido el miércoles por la tarde mientras se desplazaba por el distrito rural de El Pinal. Su cadáver fue hallado en un puente, un lugar que había sido emblemático en su activismo. “Testigos en la región confirmaron que fue interceptado por agentes de seguridad del estado”, indicó VP en su declaración.
El caso de Edwin Santos resalta la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, donde los opositores al gobierno de Maduro a menudo enfrentan persecuciones, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, asesinatos. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la creciente represión en el país, mientras la oposición lucha por un cambio político en medio de un entorno cada vez más hostil.
Voluntad Popular ha instado a la comunidad internacional a condenar este acto y a presionar por una investigación independiente sobre el asesinato de Santos. Este trágico suceso no solo es un reflejo de la represión política en Venezuela, sino que también subraya el riesgo que enfrentan quienes se atreven a alzar la voz contra el régimen de Maduro.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la presión sobre el gobierno venezolano podría intensificarse, especialmente si se confirma que el estado estuvo involucrado en este crimen. La muerte de Santos se suma a una larga lista de violaciones a los derechos humanos en el país y refuerza la necesidad urgente de un cambio en la administración actual.
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