THE LATIN VOX (31 de octubre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Ocho de los once jueces de la Suprema Corte de Justicia de México han presentado su renuncia en respuesta a reformas judiciales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este giro inesperado ha desatado tensiones diplomáticas y protestas en las calles, marcando un momento crucial en la historia del sistema judicial del país.
A partir del próximo año, México se convertirá en la primera nación en permitir que los votantes elijan a todos los jueces en cada nivel del sistema judicial, un cambio que busca transformar la percepción de la justicia en un país donde la corrupción y la impunidad han sido temas recurrentes. Sin embargo, esta reforma ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones.
El grupo de ocho jueces, que incluye a la presidenta Norma Pina, ha decidido no postularse para las elecciones programadas para junio de 2025. Una de las renuncias entrará en vigor en noviembre, mientras que las demás se harán efectivas en agosto próximo. Este anuncio llega en un momento en que la Suprema Corte se prepara para considerar una propuesta que busca invalidar la elección de jueces y magistrados. No obstante, Sheinbaum ha afirmado que el tribunal no tiene la autoridad para revertir una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
La presidenta Sheinbaum expresó su preocupación sobre la magnitud de las decisiones que están tomando los jueces. En una conferencia de prensa, cuestionó: “Ocho personas intentan cambiar una reforma sobre el pueblo de México… ¿se dan cuenta de la magnitud?” Además, insinuó que la verdadera motivación detrás de las renuncias podría ser la protección de los beneficios de jubilación de los jueces, sugiriendo que su salida anticipada les garantiza mantener esos privilegios económicos.
Estas reformas fueron inicialmente promovidas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que eran necesarias para limpiar un poder judicial que, según él, servía a los intereses de una élite política y económica. Durante su mandato, López Obrador a menudo criticó a la Suprema Corte por frenar algunas de sus políticas, especialmente en áreas de energía y seguridad.
Sin embargo, la medida de elegir a los jueces ha generado preocupación entre críticos, quienes temen que la política influya en decisiones judiciales y que los jueces sean susceptibles a la presión de poderosos carteles de drogas que utilizan sobornos e intimidaciones.
La situación actual plantea importantes preguntas sobre el futuro de la justicia en México. La propuesta de permitir elecciones para jueces promete democratizar el sistema, pero también corre el riesgo de comprometer la independencia judicial en un contexto donde la corrupción y la violencia son omnipresentes. A medida que el país se adentra en esta nueva era, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán estas reformas en la gobernanza y la estabilidad del sistema judicial mexicano.
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