THE LATIN VOX (22 de noviembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La policía federal de Brasil ha formalizado cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados más cercanos, acusándolos de ser parte de una conspiración criminal destinada a destruir el sistema democrático del país mediante un golpe de Estado de derecha. Los investigadores han concluido que la trama, que implicaba la violencia y la desestabilización del Estado constitucional, estaba coordinada por un grupo de individuos que incluía a figuras clave del entorno político de Bolsonaro.
El informe policial, dado a conocer el jueves, confirma que 37 personas han sido acusadas de diversos delitos, entre ellos conspiración y la formación de una organización criminal. Entre los nombres en la lista destaca el de Fernando Cerimedo, un gurú argentino del marketing digital cercano a Bolsonaro y sus hijos, que durante la campaña presidencial de 2023 en Argentina fue responsable de la comunicación del presidente Javier Milei.
La conclusión de la investigación llega pocos días después de que la policía arrestara a cinco personas en conexión con un supuesto plan para asesinar al sucesor de Bolsonaro, el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, así como al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. En un discurso posterior, Lula expresó su agradecimiento por haber sobrevivido a un intento de envenenamiento: “Estoy vivo”, afirmó el presidente de 79 años.
Uno de los detenidos en la operación, el general Mario Fernandes, acusado de ser parte de la trama de asesinato conocida como “Daga Verde y Amarilla”, también está entre los 37 imputados por la policía federal. En sus comunicaciones, Fernandes habría declarado que «estamos en guerra», según lo descubierto por los investigadores.
Aunque Bolsonaro ha negado cualquier implicación en un intento de anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Lula, el expresidente expresó que esperará ver los detalles del informe y consultará con su abogado. Otros nombres prominentes de su círculo cercano, como los exministros Braga Netto y Heleno, no han hecho comentarios inmediatos sobre las acusaciones. El informe se basa en una extensa recopilación de pruebas obtenidas a través de acuerdos judiciales, registros financieros, de internet y telefónicos.
Por otro lado, figuras políticas pro-Bolsonaro han criticado el informe, acusando al gobierno de Lula de una “persecución constante” hacia la derecha brasileña. Rogério Marinho, líder de la oposición en el Senado, sostuvo que los esfuerzos por perseguir a Bolsonaro solo lo fortalecerían. «Cuanto más persigan a Bolsonaro, más fuerte se vuelve», tuiteó el congresista Sóstenes Cavalcante.
El presunto intento de golpe de Estado se habría gestado en los días previos a la derrota de Bolsonaro en las elecciones de 2022. Durante esa tensa campaña, casi un millón de ciudadanos firmaron un manifiesto advirtiendo que la democracia brasileña estaba en peligro, señalando que existían sospechas de que Bolsonaro intentaría mantenerse en el poder a pesar de perder. Después de su derrota, Bolsonaro se exilió temporalmente en Estados Unidos, mientras que miles de sus seguidores se reunieron frente a bases militares en Brasil exigiendo una intervención militar, la cual nunca ocurrió.
La tentativa de anular la victoria de Lula culminó en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando radicales bolsonaristas atacaron el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. A pesar de que Lula asumió la presidencia en enero de 2023, la amenaza de la extrema derecha persiste, y recientemente un miembro del partido de Bolsonaro murió al parecer al intentar atacar la Corte Suprema con explosivos caseros.
Paulo Pimenta, ministro de comunicación de Lula, expresó la indignación de su gobierno por los hallazgos de la investigación, calificando los intentos de derrocar la democracia brasileña de “audacia casi increíble”. Pimenta anunció que el gobierno esperará la decisión de la Fiscalía para determinar qué acusados serán procesados y sometidos a juicio. Los culpables, añadió, deberán pagar por los crímenes cometidos contra la democracia, la constitución y el pueblo brasileño. La consigna “Bolsonaro en la cárcel” se ha convertido en un grito recurrente entre muchos brasileños progresistas.
El informe policial, que ha sido remitido al Tribunal Supremo, también incluye a varios exfuncionarios de alto rango del gobierno de Bolsonaro, como el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, entre otros. Además, se menciona a Filipe Martins, uno de los principales asesores de política exterior de Bolsonaro, así como a un bloguero de derecha nieto de João Baptista Figueiredo, uno de los dictadores militares que gobernaron Brasil entre 1964 y 1985.
El futuro de Bolsonaro y los implicados en este escándalo podría estar marcado por un largo proceso judicial, con consecuencias que podrían redefinir la política de Brasil en los próximos años.
Crédito fotográfico: Bloomberg