THE LATIN VOX (23 de noviembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un movimiento que consolida aún más su control sobre el país, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, asumirán el poder absoluto tras la aprobación de una reforma constitucional que eleva a Murillo al cargo de “co-presidenta” y amplía el control del binomio presidencial sobre el estado nicaragüense. La reforma fue aprobada este viernes por la Asamblea Nacional, dominada por la coalición oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en lo que ha sido descrito por los opositores como un paso más hacia una dictadura nepotista.
Ortega, de 79 años, y Murillo, de 73, han trabajado en conjunto para consolidar un sistema autoritario que lleva años desmantelando las instituciones democráticas en Nicaragua. La reforma constitucional, impulsada por el propio Ortega, otorga al presidente y su esposa un control absoluto sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y los órganos electorales, supervisores y regionales, que hasta ahora operaban de manera independiente. Además, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años.
El jefe de la Asamblea, Gustavo Porras, confirmó que la reforma fue aprobada “unánimemente” y se espera que pase sin obstáculos una segunda lectura en enero. Con esta reforma, Ortega y Murillo no solo afianzan su control interno, sino que también refuerzan la posibilidad de que Murillo asuma la presidencia en el futuro, al garantizar la sucesión presidencial, que muchos analistas consideran ya asegurada para el hijo de la pareja, Laureano Ortega.
Un régimen de creciente autoritarismo
La reforma fue una propuesta directa del presidente Ortega, quien regresó al poder en 2007 después de un primer mandato en los años 80. Desde entonces, ha acumulado poder de manera progresiva, a menudo utilizando tácticas autoritarias para silenciar a la oposición. En los últimos años, el gobierno de Ortega ha intensificado su represión, con miles de opositores detenidos y una ola de exilio forzado. Organizaciones como la ONU han documentado abusos graves a los derechos humanos, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas, y un creciente clima de violencia contra las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
Desde las protestas masivas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes según estimaciones de la ONU, Ortega ha intensificado su persecución a opositores, disidentes, y periodistas. En este contexto, se han cerrado más de 5.000 ONGs, mientras que los medios independientes operan en su mayoría desde el extranjero. Los opositores al régimen también han sido despojados de su ciudadanía y exiliados. La reforma constitucional, en este sentido, refuerza un régimen que excluye cualquier forma de disidencia política y penaliza a los llamados «traidores a la patria», un término utilizado por el gobierno para referirse a quienes se oponen al régimen.
Un golpe a la pluralidad política
La nueva reforma también redefine a Nicaragua como un “estado revolucionario y socialista”, y añade la bandera roja y negra del FSLN como uno de sus símbolos nacionales. Este cambio en la constitución, según la experta en derecho constitucional Azahalea Solís, excluye explícitamente a otras ideologías políticas, consolidando aún más el poder del FSLN y su visión del país.
Dora María Téllez, una excompañera de lucha de Ortega durante la Revolución Sandinista y ahora crítica del régimen, expresó desde el exilio en Estados Unidos que la reforma representa “lo que ha sido Nicaragua en los últimos años: una dictadura de facto”. Téllez señaló que la reforma es una manifestación clara de la concentración del poder en manos del presidente y su círculo cercano, lo que ha resultado en la eliminación de la pluralidad política y la doctrina de separación de poderes.
La reforma también otorga un control aún más estricto sobre los medios de comunicación y la Iglesia, con el argumento de que estas instituciones no deben estar sometidas a «intereses extranjeros». En este sentido, Ortega y Murillo han acusado a la iglesia, los periodistas y las ONG de haber apoyado un “intento de golpe de estado” durante las protestas de 2018.
Reacciones internacionales
La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza ante estos cambios constitucionales. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó la reforma como “una aberrante forma de institucionalizar la dictadura conyugal” y una “agresión al estado de derecho democrático”. Los Estados Unidos y la Unión Europea, que ya habían impuesto sanciones al gobierno nicaragüense por violaciones a los derechos humanos, han expresado su preocupación por el impacto de la reforma en la democracia y los derechos fundamentales en Nicaragua.
La ONU, en su informe anual sobre los derechos humanos en Nicaragua, alertó sobre el “deterioro grave” de las condiciones en el país bajo el mandato de Ortega, citando violaciones como arrestos arbitrarios, torturas y ataques a la libertad religiosa.
El futuro de Nicaragua bajo el poder absoluto de Ortega y Murillo
Con la reforma constitucional, Nicaragua avanza hacia una concentración de poder sin precedentes en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, junto con su hijo, buscan perpetuarse en el poder por generaciones. Si bien la comunidad internacional ha expresado su repudio, la situación dentro de Nicaragua sigue siendo incierta. A medida que la represión se intensifica, la mayoría de los nicaragüenses que se oponen al régimen viven en el exilio o bajo un clima de miedo y represión.
Mientras tanto, la familia Ortega-Murillo continúa con su plan de consolidar su dominio absoluto, mientras el pueblo nicaragüense se enfrenta a un futuro sin democracia ni libertad política.
Crédito fotográfico: © Maynor Valenzuela / AFP/File