THE LATIN VOX (5 de diciembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La tensión política en Corea del Sur ha alcanzado nuevos niveles tras la sorpresiva declaración de ley marcial hecha por el presidente Yoon Suk Yeol, lo que desató una serie de reacciones y acusaciones en su contra.
En medio de la indignación generalizada por su intento de imponer el estado de emergencia, la oposición presentó una moción de destitución, mientras las fuerzas de seguridad comenzaron a investigar al presidente por su posible implicación en un acto de insurrección.
Sin embargo, el partido gobernante, el People Power Party (PPP), ha prometido bloquear cualquier intento de destituir a Yoon, y su liderazgo reafirmó que todos los legisladores de su partido se opondrán al proceso de juicio político.
La situación comenzó a desbordarse el martes por la noche, cuando Yoon, en un inesperado discurso televisado, decretó la ley marcial, justificando la medida por lo que describió como «fuerzas antiestatales» y amenazas provenientes de Corea del Norte, aunque no presentó detalles específicos sobre estas amenazas.
La decisión sorprendió tanto a la opinión pública como a los miembros de su gabinete. En pocas horas, Yoon tuvo que retractarse tras una fuerte resistencia por parte del Parlamento, que se negó a permitir la implementación de un bloqueo militar en el edificio legislativo.
En un giro dramático, las fuerzas armadas intentaron forzar su entrada al edificio del Parlamento, pero fueron detenidas cuando los asistentes parlamentarios utilizaron extintores para disuadir a los soldados.
La reacción rápida de los parlamentarios y la ciudadanía ayudó a evitar lo que muchos consideran un acto autoritario de control político.
En medio de esta crisis, Kim Seon-ho, el viceministro de Defensa, reveló que no había sido informado previamente sobre la decisión de desplegar tropas en el Parlamento y expresó su desacuerdo con la caracterización del presidente sobre el Congreso como «un nido de criminales».
El intento fallido de imponer la ley marcial ha desencadenado una serie de investigaciones. El fiscal general de Corea del Sur ha abierto una pesquisa sobre el presidente Yoon, su ministro del Interior, Lee Sang-min, y el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, por su presunta implicación en el decreto de ley marcial.
Kim Yong-hyun, quien renunció a su cargo tras la controversia, enfrenta ahora una prohibición de viaje mientras continúa la investigación. La ley surcoreana no otorga inmunidad presidencial en casos de insurrección, un delito que puede conllevar incluso la pena de muerte.
La moción de destitución presentada por los partidos de oposición se encuentra en una fase crítica. Para que la destitución sea aprobada, se necesita el apoyo de al menos ocho legisladores del partido gobernante, lo que ha generado incertidumbre sobre si Yoon podrá contar con el respaldo suficiente para evitar su destitución. El Partido People Power, sin embargo, ha garantizado que sus 108 legisladores se mantendrán unidos para rechazar la moción.
La situación no solo ha conmocionado a los surcoreanos, sino que también ha generado preocupación internacional, especialmente en Estados Unidos.
Kurt Campbell, subsecretario de Estado de EE. UU., expresó que Yoon había tomado una «decisión equivocada» al decretar la ley marcial, lo que sorprendió a la Casa Blanca. Campbell también subrayó que, a pesar de la crisis interna, la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur debe mantenerse firme y clara ante las crecientes amenazas globales.
En este contexto, la oposición surcoreana ha pedido la suspensión inmediata de las facultades del presidente Yoon, calificando su acción como un «crimen histórico» contra el pueblo. Si el juicio político tiene éxito y Yoon es suspendido, el primer ministro Han Duck-soo asumiría el liderazgo del país hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales, que deberían convocarse dentro de los 60 días.
El desenlace de este conflicto tendrá implicaciones significativas para la democracia surcoreana. Mientras el presidente Yoon intenta resistir las presiones y la condena pública, la pregunta sobre su futuro político continúa siendo incierta. Este episodio refleja no solo la polarización interna del país, sino también la lucha por el equilibrio de poder entre las instituciones democráticas y el liderazgo ejecutivo.
La controversia también resalta las tensiones internas dentro de Corea del Sur, un país que ha sido un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el autoritarismo global, pero que ahora se enfrenta a la creciente incertidumbre política en su propio gobierno.
Crédito fotográfico: AFP