THE LATIN VOX (20 de diciembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Un escándalo de prostitución en el Congreso de Perú ha sacudido los cimientos de la política del país, tras el asesinato de Andrea Vidal, una joven abogada que trabajaba en el Parlamento. Este crimen ha puesto al descubierto una presunta red de prostitución operada dentro de la misma cámara legislativa, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Congreso y su presidenta Dina Boluarte.
La investigación comenzó tras el ataque a tiros ocurrido a principios de mes en Lima, cuando sicarios dispararon más de 40 balas contra el taxi en el que viajaba Vidal, de 27 años. La abogada fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, donde falleció el martes debido a la gravedad de sus heridas. El conductor del taxi también perdió la vida en el atentado.
El asesinato de Vidal ha desencadenado una serie de revelaciones que vinculan a su antiguo jefe, Jorge Torres Saravia, exasesor legal y constitucional del Congreso, con una presunta red de prostitución. Según los fiscales, Torres habría contratado a jóvenes mujeres para que trabajaran como secretarias y en puestos administrativos dentro de diferentes bloques políticos del Congreso, con el fin de obtener votos a cambio de favores sexuales.
Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, destacó que estas prácticas reflejan la corrupción que corroe el sistema legislativo del país. “Ella (Vidal) habría operado para conseguir votos de los parlamentarios”, señaló Burgos, evidenciando la gravedad del asunto. Susel Paredes, congresista independiente, fue aún más tajante: “Esto marca el fin de cualquier vergüenza en el ejercicio administrativo del poder. Muestra la podredumbre dentro de los partidos políticos que hoy tienen el poder de contratar personal en el Congreso”.
En paralelo, el activista Álvaro Henzler, director de Transparencia, una ONG peruana pro-democracia, acusó a los políticos del país de haber perdido los mínimos estándares éticos y morales que deben regir a cualquier funcionario público. “Nuestros políticos, tanto el Congreso como la presidenta, han alcanzado los niveles más bajos de aprobación en la historia. Es un reflejo del triste estado de nuestra democracia”, señaló Henzler.
Este escándalo ocurre en un contexto de crisis de gobernabilidad en Perú, donde la confianza en el Congreso y en la presidenta Boluarte ha caído a niveles históricos. Según una encuesta reciente, la aprobación de Boluarte ha llegado a un dramático 3%. Además, la mandataria está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, después de un allanamiento en su residencia en abril, en el que se hallaron relojes Rolex y joyas de lujo. Boluarte ha negado todas las acusaciones.
Este nuevo escándalo ha puesto en evidencia las profundidades de la corrupción dentro de las instituciones políticas peruanas, en un momento en que el país enfrenta una ola de crímenes relacionados con el crimen organizado, como el extorsionamiento y los asesinatos por encargo. La situación se agrava aún más por la percepción de que las élites políticas están más preocupadas por protegerse a sí mismas que por servir al pueblo.
Mientras tanto, los fiscales continúan investigando a Torres Saravia, quien ha negado cualquier implicación en el caso. Las autoridades también han intensificado las investigaciones sobre la red de prostitución en el Congreso, mientras el país sigue sacudido por este grave escándalo que amenaza con desestabilizar aún más a un Perú profundamente afectado por la crisis política y social.
Crédito fotográfico: Juan Pablo Azabache / AFP