THE LATIN VOX (20 de diciembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El gobierno federal de Canadá ha anunciado un cambio importante en su política migratoria, eliminando los puntos adicionales otorgados a ciertos trabajadores extranjeros temporales que ocupan puestos respaldados por una Evaluación del Impacto en el Mercado Laboral (LMIA, por sus siglas en inglés).
Esta medida llega menos de dos meses después de una investigación encubierta de CBC News y la Fundación de Periodismo Investigativo (IJF), que reveló cómo se compra y vende ilegalmente estos trabajos en línea por sumas que van desde los 25,000 hasta los 45,000 dólares canadienses.
El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Marc Miller, anunció que los solicitantes del programa Express Entry ya no recibirán 50 o 200 puntos adicionales por trabajar en posiciones respaldadas por una LMIA. Estos puntos, que antes mejoraban las posibilidades de los trabajadores extranjeros para obtener la residencia permanente, serán eliminados con el objetivo de reducir el fraude y aumentar la transparencia e integridad en el sistema migratorio.
Las LMIA son documentos emitidos por el gobierno canadiense que permiten a los empleadores contratar a trabajadores extranjeros si no pueden encontrar un canadiense o residente permanente que ocupe una posición. Los puestos respaldados por LMIA se introdujeron en 2014 como una medida temporal para cubrir escasez laboral en sectores donde no hay suficientes trabajadores calificados dentro del país.
Sin embargo, hasta ahora, los trabajadores extranjeros que ocupaban estos puestos también ganaban puntos adicionales hacia su residencia permanente, lo que los hacía más atractivos y generaba una creciente demanda por ellos.
La decisión fue calificada por algunos expertos como «drástica», pero esperada. El abogado de inmigración de Calgary, Jatin Shory, comentó que aunque entiende la necesidad de reducir el fraude, lamenta que los «buenos actores» sean los más afectados por las acciones de quienes han abusado del sistema. Shory agregó que, si bien esta medida es necesaria para abordar los fraudes, es probable que los verdaderos responsables encuentren nuevas formas de explotar el sistema.
Por otro lado, la organización de defensa de los migrantes Naujawan Support Network celebró la medida como una victoria en su lucha por un camino justo hacia la residencia permanente, destacando que esta iniciativa reducirá la explotación de los trabajadores migrantes. En línea con esta postura, el consultor de inmigración regulado Steven Paolasini había comentado previamente que el sistema necesitaba una revisión profunda y que las LMIA «no deberían tener ningún beneficio directo relacionado con la inmigración».
El cambio también se produce en el contexto de un informe parlamentario de principios de noviembre que recomendó reevaluar si las LMIA deberían seguir asociadas a permisos de trabajo cerrados. Este tipo de permisos limita a los trabajadores extranjeros a trabajar únicamente para el empleador que les ha otorgado la LMIA, lo que puede aumentar su dependencia de este empleador, reduciendo sus posibilidades de negociar condiciones laborales adecuadas.
El gobierno canadiense también ha implementado otras medidas para controlar el flujo de trabajadores extranjeros temporales, como la negativa a procesar LMIA para trabajos de bajos salarios en ciudades con alta tasa de desempleo, a menos que haya una escasez de mano de obra en sectores específicos. Sin embargo, el impacto de estas políticas es aún incierto, ya que la falta de estabilidad y protección para los trabajadores migrantes sigue siendo un desafío importante.
La investigación encubierta de CBC/IJF mostró cómo en octubre se descubrió un mercado negro próspero para las LMIA, en el que los periodistas rastrearon docenas de cuentas en línea que vendían trabajos respaldados por LMIA y documentos gubernamentales.
Estos trabajos, que podían adquirirse por entre 25,000 y 45,000 dólares canadienses, en algunos casos ni siquiera existían, con la documentación falsa, incluidos talones de pago y recibos de impuestos, que se ofrecían como prueba de experiencia laboral canadiense.
Una de las ofertas descubiertas en la investigación incluía un «costo del empleador» de hasta 27,000 dólares, una práctica ilegal, ya que los empleadores están prohibidos de cobrar tarifas de reclutamiento a los trabajadores extranjeros.
A pesar de la importancia de la medida adoptada por el gobierno canadiense, expertos como Shory advierten que el verdadero éxito dependerá de la educación y la comunicación sobre estos cambios. «Los agentes fantasmas», como los llama Shory, continúan siendo el primer punto de contacto para muchos migrantes, especialmente aquellos vulnerables que son convencidos de pagar por un trabajo en Canadá.
A pesar de la eliminación de los puntos LMIA, es posible que estos agentes sigan buscando maneras de aprovecharse de los migrantes y sus aspiraciones de obtener la residencia permanente.
En conclusión, aunque este cambio en las políticas migratorias representa un paso importante para frenar el fraude en el sistema, la cuestión de la explotación de los trabajadores migrantes sigue siendo un desafío en Canadá. La reforma del sistema debe ser integral y acompañada de medidas que garanticen los derechos y la protección de los trabajadores extranjeros, quienes siguen siendo esenciales para diversos sectores de la economía canadiense.
Crédito fotográfico: CTV News