THE LATIN VOX (24 de diciembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El regreso de Fabio Ochoa, uno de los antiguos líderes del temido Cartel de Medellín, a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos, ha reavivado el dolor y la indignación de muchas víctimas de la violencia que marcó la década de los 80 y 90 en el país.
Ochoa, de 67 años, fue liberado tras cumplir más de 20 años en prisiones estadounidenses por tráfico de drogas, pero no está enfrentando cargos en Colombia, lo que ha generado una ola de protestas entre aquellos que aún buscan justicia por los crímenes perpetrados durante el auge del narcotráfico.
El Cartel de Medellín, bajo la dirección de Pablo Escobar, fue responsable de miles de muertes en su intento por desestabilizar al Estado colombiano, llevando a cabo una guerra abierta contra la policía, jueces, periodistas y funcionarios del gobierno. Aunque la figura de Escobar sigue siendo la más emblemática, Ochoa fue uno de los operadores más cercanos y clave del cartel, manejando, entre otras cosas, centros de distribución de cocaína en Estados Unidos.
Al llegar a Bogotá, Ochoa fue recibido por la prensa, a la que respondió con la afirmación de que había sido «enmarcado» por los fiscales estadounidenses y que ya había pagado por sus crímenes en Colombia durante su tiempo en prisión en los años 90. Sin embargo, sus declaraciones no han logrado calmar el reclamo de las víctimas, que exigen más que una simple condena por narcotráfico.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá y hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo. En un mensaje publicado en Twitter, Galán calificó de «inaceptable» que Ochoa no enfrente cargos en Colombia.
«Lo que estamos esperando es la verdad sobre su responsabilidad, sobre los secuestros, asesinatos y actos indiscriminados de terrorismo cometidos por el Cartel de Medellín», agregó su hermano, Juan Manuel Galán, quien también ha pedido que la justicia finalmente alcance a los responsables de estos crímenes que aún siguen impunes.
Una de las tragedias más dolorosas para las víctimas del cartel fue el atentado que en 1989 derribó un avión comercial, matando a 107 personas, entre ellas, el propio Luis Carlos Galán. Gonzalo Enrique Rojas, que perdió a su padre en ese atentado, también ha levantado la voz.
Rojas, quien lidera la fundación Colombia con Memoria que trabaja con víctimas del conflicto armado y el narcotráfico, destacó que el regreso de Ochoa ofrece una oportunidad para esclarecer los detalles del ataque, como los motivos detrás de la decisión de destruir un avión lleno de civiles. «Lo que realmente repara el dolor es la justicia y la verdad», afirmó Rojas.
La polémica no solo gira en torno a Ochoa, sino también a la falta de acción por parte de las autoridades colombianas. A pesar de que Ochoa ha sido un personaje central en los recuerdos más oscuros de la historia reciente del país, no se le ha llamado a declarar sobre los crímenes cometidos por el cartel. La fiscalía colombiana, por su parte, ha evitado tomar decisiones tajantes, mientras las víctimas y las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo que Ochoa coopere en las investigaciones.
El caso de Ochoa pone de manifiesto las tensiones que aún existen en Colombia respecto al narcotráfico y la justicia. Por un lado, muchos ciudadanos insisten en que la cárcel es solo un paso mínimo hacia la reparación de los daños ocasionados por el Cartel de Medellín.
Por otro lado, el país ha vivido una transformación en los últimos años, con nuevos retos en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, pero con el sentimiento de que la historia de los crímenes de los años 80 y 90 aún no está cerrada.
A medida que Ochoa sigue disfrutando de su libertad en Colombia, la sociedad espera que su regreso no sea solo un recordatorio del pasado, sino una oportunidad para que se haga justicia y se obtenga la verdad que tantos han estado buscando durante décadas.
Sin la participación activa de figuras como Ochoa en la reconstrucción de los hechos, el sufrimiento de las víctimas del Cartel de Medellín seguirá siendo una herida abierta.
Crédito fotográfico: Fernando Vergara/AP