THE LATIN VOX (10 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves el intento de Donald Trump de posponer su sentencia en el caso de «dinero silenciado», programada para este viernes. La solicitud del presidente electo de retrasar la sentencia fue denegada, y el proceso judicial continuará según lo previsto.
Trump había solicitado al máximo tribunal del país que cancelara la sentencia, después de que los tribunales de Nueva York se negaran a posponerla. En mayo pasado, el expresidente fue condenado por 34 cargos de falsificación de documentos comerciales en un esquema criminal relacionado con el pago de 130,000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para evitar que revelara una presunta aventura con él antes de las elecciones presidenciales de 2016, las cuales Trump ganó al derrotar a la demócrata Hillary Clinton.
La Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, votó 5-4 en contra de la solicitud de Trump. El presidente del tribunal, John Roberts, y la magistrada conservadora Amy Coney Barrett se unieron a los tres jueces de orientación liberal, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, para formar la mayoría que rechazó la petición del expresidente.
A pesar de haber inicialmente declarado no culpable, la corte escuchó que Trump había pagado el dinero a Daniels antes de las elecciones de 2016 y luego intentó disfrazar ese pago, alegando que era un gasto legal.
El juez Juan Merchan, quien presidió el juicio y la condena de Trump, ya había indicado que no impondría una sentencia de prisión ni multas, pero los abogados del expresidente argumentaron que una condena por delito tendría efectos secundarios intolerables, como distraerlo mientras se prepara para asumir la presidencia dentro de poco más de una semana.
La decisión de la Corte Suprema
En su decisión, la Corte Suprema explicó que los posibles incumplimientos probatorios en el juicio estatal de Trump pueden abordarse en el proceso habitual de apelación. Además, indicó que la carga que la sentencia podría representar para las responsabilidades del presidente electo sería relativamente insustancial, dada la intención del tribunal de imponer una «descarga incondicional» después de una breve audiencia virtual.
El juez Merchan había señalado la semana pasada que no tenía intención de imponer una pena de prisión a Trump, y la probabilidad de que reciba una descarga incondicional es alta. Esto significa que, aunque el juicio de culpabilidad permanece en su expediente y Trump será considerado un delincuente, evitaría la custodia, la multa o la libertad condicional.
Los magistrados conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh expresaron su desacuerdo con la decisión, y habrían concedido la solicitud de Trump.
Una apelación estatal y la inmunidad presidencial
A pesar de la negativa de la Corte Suprema, Trump sigue adelante con una apelación en los tribunales estatales para resolver las cuestiones relacionadas con la inmunidad presidencial, después de que la Corte Suprema, en una polémica decisión el pasado julio, otorgara a los expresidentes una inmunidad amplia en relación con sus actos oficiales, un fallo cuya interpretación legal aún está en discusión.
Tras el dictamen del tribunal, Trump reaccionó en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde afirmó que consideraba la decisión «justa». Posteriormente, escribió en su plataforma social: “Por el bien y la santidad de la presidencia, apelaré este caso y estoy seguro de que LA JUSTICIA PREVALECERÁ”.
Un caso con implicaciones políticas
Los abogados de Trump han argumentado durante todo el proceso que la acusación está motivada por intereses políticos y que fue un caso defectuoso impulsado por la oposición al expresidente, quien es también el candidato favorito para las elecciones presidenciales de 2024.
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha sostenido que Trump no tiene derecho a la intervención de la Corte Suprema en este caso, y que el expresidente falsificó los registros comerciales para ocultar una violación de la ley electoral de Nueva York. La acusación sostiene que el pago de 130,000 dólares a Daniels fue, en esencia, una contribución ilegal a la campaña electoral de Trump, ya que excedió el límite legal de 2,700 dólares por contribuyente individual.
Un precedente histórico
Donald Trump es el primer presidente en funciones o expresidente de EE. UU. en ser condenado por un delito, lo que marca un hito en la historia del país y ha generado un amplio debate sobre el uso de la ley en contra de figuras políticas de alto perfil. Con la sentencia a la vista, la atención se centra en cómo este caso podría influir en la política estadounidense, especialmente en un año electoral.
La decisión de la Corte Suprema sobre este caso refuerza el poder judicial del país al mismo tiempo que deja claro que, para los magistrados, el proceso judicial sigue su curso, incluso frente a las presiones políticas y la cercanía de las elecciones. A medida que la sentencia se acerca, el futuro de Trump, tanto en lo legal como en lo político, sigue siendo incierto y su apelación podría dar forma a la narrativa de su carrera en los próximos meses.
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