El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado una «emergencia nacional energética» con el objetivo de impulsar la producción de combustibles fósiles en el país. Esta medida busca acelerar el desarrollo de infraestructura energética, promoviendo la extracción de petróleo y gas, y fomentando las exportaciones energéticas estadounidenses.
Entre las acciones anunciadas, Trump planea desmantelar varias regulaciones ambientales establecidas durante la administración anterior, incluyendo la eliminación del «Green New Deal» y los mandatos relacionados con vehículos eléctricos. Además, ha manifestado su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, señalando que estas políticas obstaculizan el crecimiento económico y la independencia energética del país.
La administración también tiene previsto finalizar los subsidios y créditos fiscales para vehículos eléctricos y revertir los estándares de emisiones establecidos previamente. Asimismo, se detendrán los arrendamientos federales para proyectos de energía eólica, priorizando en su lugar la expansión de la producción de petróleo y gas en áreas como Alaska.
Estas decisiones representan un cambio significativo respecto a las políticas climáticas anteriores y han generado preocupación entre grupos ambientalistas y expertos en cambio climático. Argumentan que el aumento en la producción y consumo de combustibles fósiles podría exacerbar los efectos del cambio climático y alejar a Estados Unidos de los compromisos internacionales en materia ambiental.
Por otro lado, representantes de la industria energética han expresado su apoyo a las medidas, indicando que una mayor producción de petróleo y gas es esencial para satisfacer la creciente demanda energética y fortalecer la economía nacional. Sin embargo, economistas señalan que factores globales, más allá del control presidencial, influyen en los precios y la producción de energía, y que una dependencia excesiva de los combustibles fósiles podría tener implicaciones económicas y ambientales a largo plazo.
La comunidad internacional observa con atención estos desarrollos, ya que las acciones de Estados Unidos en materia energética y ambiental tienen repercusiones globales. La retirada del Acuerdo de París y el desmantelamiento de políticas ambientales podrían afectar la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático y alterar las dinámicas del mercado energético mundial.