THE LATIN VOX (27 de junio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El Senado canadiense aprobó ayer sin modificaciones el proyecto de ley C-5, una iniciativa emblemática del primer ministro Mark Carney que otorga al gobierno federal poderes extraordinarios para acelerar grandes proyectos económicos, en un momento en que Canadá busca mitigar los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos.
La nueva legislación permite al gabinete de Carney simplificar y acelerar los procesos de aprobación, incluso autorizando que algunos proyectos eludan disposiciones de leyes federales como la Ley de Evaluación de Impacto, criticada por retrasar el avance de infraestructuras clave.
Aunque el texto no especifica qué obras deben impulsarse, Carney ha señalado que se podrían aprobar rápidamente nuevos “corredores” energéticos en el este y oeste del país, incluyendo oleoductos, redes eléctricas, ampliación de puertos, minas y otras iniciativas vinculadas a recursos naturales.
Carney presenta la ley como una herramienta para que Canadá responda con mayor eficacia a la agresión comercial estadounidense, que ha afectado el crecimiento económico, provocado pérdida de empleos y reducido las exportaciones.
El proyecto fue aprobado a un ritmo vertiginoso, con solo tres semanas desde su presentación en la Cámara de los Comunes hasta su ratificación en el Senado. La medida recibió respaldo de legisladores liberales y conservadores, así como de senadores de diversas filiaciones políticas.
Sin embargo, un sector importante de senadores expresó fuerte oposición basada principalmente en la defensa de los derechos indígenas.
Aunque la ley estipula que el gobierno reconocerá, afirmará y “respetará” los derechos constitucionales de los pueblos indígenas al considerar proyectos acelerados, líderes indígenas temen que los procesos de consulta con las comunidades First Nations, Métis e Inuit sean insuficientes.
Carney ha prometido decisiones finales en un plazo máximo de dos años, lo que genera dudas sobre la inclusión real del “consentimiento libre, previo e informado”, reconocido en el derecho indígena.
Paul Prosper, senador Mi’kmaw de Nueva Escocia, fue uno de los críticos más contundentes en el Senado. En un discurso, citó a otros líderes indígenas que calificaron el C-5 no como un acto de reconciliación, sino como una traición a ella. Prosper advirtió que el proyecto podría dar facultades al gobierno y a la industria para pasar por encima de los derechos indígenas.
“Nadie quiere ver a nuestros hijos crecer en la pobreza, sin acceso a agua potable, sin oportunidades de empleo digno ni apoyo para los enfermos. Pero no queremos que el progreso se construya a costa de los pueblos indígenas. Queremos estar en la mesa, tomando decisiones junto a los políticos canadienses porque estas decisiones nos afectan. Afectan nuestras tierras y recursos”, afirmó.
Prosper también denunció el acoso racista recibido tras anunciar su intención de enmendar o retrasar la aprobación del proyecto. “El odio y las amenazas fueron tan intensos que mi personal tuvo que evitar contestar llamadas desconocidas. Eso no es justo ni aceptable”, dijo.
Brian Francis, otro senador Mi’kmaw de la Isla del Príncipe Eduardo, cuestionó la distribución equitativa de los beneficios económicos prometidos y advirtió que la precipitada aprobación podría provocar retrasos a largo plazo debido a posibles litigios indígenas.
Algunos senadores preguntaron si la rapidez con la que se aprobó C-5 era realmente necesaria. Bernadette Clement señaló: “Esto a veces parece una emergencia, pero ¿lo es realmente? El crecimiento económico es urgente, sí, pero no a costa de atropellar derechos indígenas y protecciones ambientales”.
Por su parte, Hassan Yussuff, patrocinador del proyecto en el Senado y ex líder sindical, defendió la urgencia del C-5 ante la crisis provocada por la guerra comercial con EE.UU. y solicitó apoyo para esta legislación “esencial” que busca fortalecer la autonomía económica de Canadá.
El ministro de Recursos Naturales, Tim Hodgson, calificó la ley como “definitoria para la nación” y anunció la creación de una oficina de grandes proyectos para acelerar las aprobaciones, enfocándose en el “cómo” y no en el “si” se deben construir, para dar mayor certeza a los inversionistas.
Para responder a las preocupaciones indígenas, Carney anunció que liderará personalmente este verano sesiones de diálogo con los pueblos originarios, comenzando con las First Nations el 17 de julio, con la promesa de consultar, cooperar y promover la participación y beneficios indígenas en las iniciativas.
Además, la ley elimina barreras internas al comercio federal, reconociendo estándares provinciales y territoriales para agilizar la movilidad laboral y el comercio dentro del país.
Carney concluyó: “Con esta ley, podemos construir grande, con audacia, ahora, y crear una economía canadiense unificada”.
El debate continúa abierto entre el impulso al desarrollo económico y la defensa de los derechos indígenas, con la expectativa de que el diálogo entre gobierno y comunidades originarias defina el camino para proyectos de gran escala en Canadá.
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