THE LATIN VOX (23 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Danielle Smith, primera ministra de Alberta, ha suavizado notoriamente su postura respecto a la polémica ley federal de evaluación ambiental conocida como C-69, que alguna vez llamó la «ley anti-oleoductos».
En lugar de exigir su derogación total —una consigna convertida en pancarta al estilo Tarantino por sus opositores— ahora prefiere hablar de “modificaciones sustanciales”.
Este cambio sutil pero significativo coincide con la llegada del gobierno liberal de Mark Carney y refleja, según expertos, un enfoque más pragmático que se alinea con los intereses reales del sector energético.
Del grito de guerra a la diplomacia técnica
Durante años, la frase “Kill Bill C-69” simbolizó la resistencia de Alberta a una ley que, según muchos en la provincia, sofoca el desarrollo de infraestructura energética bajo un manto de burocracia y activismo ambiental. Sin embargo, en las últimas semanas, Smith ha abandonado el lenguaje combativo en favor de una estrategia de negociación.
“C-69 necesita ser revisada de manera sustancial”, dijo Smith en una entrevista en junio. “No se trata solo de técnica, sino de ideología que genera confusión.”
Aunque su oficina niega un cambio oficial de postura, la retórica de Smith ha virado desde la derogación absoluta hacia propuestas como “reestructurar”, “revisar profundamente” o incluso “derogar o enmendar”.
La nueva narrativa surge en paralelo con el ascenso de Carney, quien ha presentado una visión menos ideológica y más orientada a resultados en materia de infraestructura, destacando su nueva Ley de Construcción de Canadá que acelera proyectos considerados de interés nacional.
¿Qué quiere realmente la industria?
Paradójicamente, los principales opositores del IAA (Impact Assessment Act) —las compañías de petróleo y gas— tampoco parecen entusiasmadas con la idea de eliminarla por completo. Durante la campaña federal, una coalición de líderes del sector energético pidió una “reforma profunda” de la ley, no su eliminación.
“Eliminar el IAA generaría un vacío legal. Habría que comenzar desde cero con un nuevo proceso de evaluación ambiental”, explicó Heather Exner-Pirot, experta del Instituto Macdonald-Laurier. “Eso es lo que más teme la industria: la incertidumbre.”
La preferencia del sector está clara: conservar el marco general del IAA, pero excluir de su alcance los proyectos que se desarrollan completamente dentro de una provincia. Según Exner-Pirot, “eso ofrece certeza jurídica sin tener que reinventar la rueda”.
La presión sigue, pero con matices
Smith ha mantenido sus críticas a otras políticas federales, como la prohibición de buques petroleros en la costa oeste y los topes de emisiones de carbono. No obstante, su nuevo enfoque más conciliador hacia el IAA podría responder a una expectativa de avances concretos bajo Carney, quien ha demostrado voluntad para agilizar autorizaciones sin sacrificar estándares ambientales.
“Es una muestra de madurez política”, opinó Richard Masson, exejecutivo de las arenas bituminosas. “Smith ha entendido que no siempre se puede tener todo. Mejor negociar mejoras posibles que insistir en lo inalcanzable.”
Aun así, Alberta mantiene un recurso legal contra las últimas enmiendas del IAA —las cuales fueron introducidas tras un fallo de la Corte Suprema que consideró inconstitucionales partes del texto original.
¿Un nuevo tono para un nuevo tiempo?
La administración Carney no ha ofrecido señales de que pretenda debilitar sustancialmente sus políticas climáticas. Sin embargo, se ha comprometido a aceptar evaluaciones provinciales o lideradas por comunidades indígenas como equivalentes al proceso federal en ciertos casos.
“Podemos tener evaluaciones rigurosas y, al mismo tiempo, avanzar con proyectos de interés nacional”, afirmó Keean Nembhard, vocero del Ministerio de Medio Ambiente.
No todos están satisfechos. Para grupos ambientalistas e indígenas, cualquier dilución del IAA sería una traición al espíritu de inclusión y transparencia que motivó la ley. Por ahora, la tensión se equilibra en una cuerda floja.
¿Síntoma de madurez o de estrategia?
Para muchos observadores, Smith ha entendido que en la política, como en la energía, la estabilidad importa más que el ruido. La convergencia de intereses entre la líder conservadora más pro-industria del país y los ejecutivos del sector podría marcar una nueva etapa de cooperación técnica, si no ideológica.
“Hay límites en el populismo cuando hay resultados tangibles sobre la mesa”, resumió el profesor de derecho Martin Olszynski. “Y Smith parece haberlo entendido.”
Sea por cálculo o por convicción, la líder albertana ha optado por la cirugía fina en lugar del martillo. En la era Carney, la política energética canadiense se encamina, al menos por ahora, hacia un tono más matizado.
Crédito fotográfico: The Canadian Press