THE LATIN VOX (26 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El pasado 2 de mayo, lo que debía ser una mañana común de trabajo para Kenny Laynez-Ambrosio, un joven paisajista de 18 años y ciudadano estadounidense, terminó convirtiéndose en un oscuro retrato de los excesos cometidos bajo la nueva ola de represión migratoria impulsada por la administración Trump.
Mientras se dirigía a su trabajo acompañado por su madre y dos amigos —ambos indocumentados—, su camioneta fue detenida por una patrulla de carreteras de Florida. Minutos después, llegaron agentes de la Patrulla Fronteriza. Lo que siguió fue una escena de violencia, insultos y risas burlonas que Laynez-Ambrosio logró captar en video desde su teléfono móvil.
El joven nunca planeó grabar nada. “Solo tenía el teléfono en la mano porque le iba a enseñar un TikTok a mi mamá”, relató. Pero en cuanto vio que la situación se tornaba agresiva, presionó “grabar”. El resultado: un testimonio audiovisual que ahora pone en tela de juicio las prácticas policiales utilizadas para cumplir con las metas de arrestos migratorios impuestas por el gobierno federal.
“No tienes derechos. Eres un ‘migo’”
En la grabación se escucha cómo uno de los agentes le dice directamente a Laynez-Ambrosio: “You’ve got no rights here. You’re a migo, brother” (“Aquí no tienes derechos. Eres un ‘migo’, hermano”), una expresión despectiva usada para referirse a inmigrantes latinos.
La grabación muestra cómo uno de sus amigos es inmovilizado con una pistola eléctrica, otro es sometido con una llave de estrangulamiento, y a él mismo lo empujan al suelo mientras intenta explicar que es ciudadano estadounidense. “Nací y crecí aquí”, se le escucha decir, antes de ser esposado y llevado a una celda donde fue retenido durante seis horas.
Después del operativo, en los audios también se escucha a los oficiales haciendo bromas sobre lo ocurrido. Uno se ríe del uso de la pistola eléctrica y otro dice entre carcajadas: “Se huele ese bono de $30,000”. Aunque no está claro a qué bono se refieren, la reciente ley de gastos firmada por Trump incluye miles de millones para reforzar ICE, incluyendo incentivos financieros para agentes que cumplan metas de detención.
Una estrategia con cuotas y consecuencias
Según el abogado de Laynez-Ambrosio, Jack Scarola, lo ocurrido es consecuencia directa de las cuotas de detención impuestas por el gobierno federal. “Cuando se obliga a los agentes a cumplir cuotas de arrestos, se pone en grave riesgo los derechos fundamentales de todos, incluidos ciudadanos estadounidenses”, afirmó.
Scarola también señala que las acusaciones contra Laynez-Ambrosio —por “obstrucción sin violencia”— fueron una represalia por haber grabado el operativo. “No hubo ninguna interferencia. Solo ejerció su derecho a documentar lo que estaba ocurriendo”, afirmó.
El joven fue condenado a 10 horas de servicio comunitario y a asistir a un curso de manejo de la ira. A pesar de las presiones para que borrara el video, se negó.
Detenciones, risas y silencio institucional
Mientras los amigos de Laynez-Ambrosio fueron llevados al centro de detención Krome en Miami, el joven regresó a casa con una mezcla de rabia e impotencia. “Lo que más me dolió fue ver a mis amigos así. Porque son buena gente, solo tratando de ganarse la vida honestamente”, dijo.
Ni la Patrulla de Carreteras de Florida ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) respondieron a solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo ICE, la agencia encargada de la ejecución migratoria.
El episodio ocurre en el contexto de un polémico acuerdo firmado en febrero entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el Departamento de Seguridad Nacional, que permite a policías estatales actuar como agentes migratorios tras ser entrenados por ICE. Florida es actualmente el estado con mayor concentración de estos convenios.
Para el Padre Frank O’Loughlin, director del Centro Guatemalteco-Maya —organización que apoya a Laynez-Ambrosio—, el caso expone la degradación del deber público: “Este es un ejemplo de cómo el movimiento Maga ha corrompido a las fuerzas del orden, transformando a agentes estatales y federales en ejecutores brutales contra personas no violentas.”
¿Un caso aislado o la nueva norma?
El video ha generado alarma en organizaciones defensoras de derechos civiles, que ven en este caso un microcosmos de lo que ocurre a diario en comunidades latinas y migrantes bajo políticas migratorias agresivas.
Kenny Laynez-Ambrosio, aún procesando el trauma, espera que su video sirva para algo más que indignación en redes sociales. “Esto no debía pasar así. Si sabían que eran indocumentados, podían haberlos arrestado sin violencia. No somos criminales. Somos personas. Somos trabajadores.”
Su pregunta final resuena como una acusación silenciosa: “¿Qué clase de país trata así a sus propios ciudadanos?”
Crédito fotográfico: