THE LATIN VOX (27 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La llegada de José Manuel Ramos Bastidas a su hogar en El Tocuyo, Venezuela, el martes pasado, marcó el fin de un calvario de meses que comenzó cuando fue deportado desde Estados Unidos a la infame megacarcel de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Ramos Bastidas, uno de los 252 venezolanos que fueron enviados allí bajo el acuerdo entre los gobiernos de Trump y Maduro, no solo regresó a su país, sino que trajo consigo testimonios desgarradores de abusos sistemáticos y torturas avaladas por el Estado.
El abrazo con su familia, después de un largo y angustioso tiempo de incertidumbre, fue el primer signo tangible de que, a pesar del sufrimiento extremo, había sobrevivido.
Su esposa, Roynerliz Rodríguez, quien le esperaba con una camiseta estampada con su rostro, expresaba un alivio palpable: «Estos últimos meses han sido una pesadilla viviente, sin saber nada de José Manuel y solo imaginando lo que debía estar sufriendo. Estoy feliz de que esté libre, pero sé que nunca nos liberaremos de la sombra de esta experiencia».
Ramos Bastidas y otros deportados venezolanos, quienes habían sido detenidos en el sur de los Estados Unidos y enviados a Cecot, relataron episodios de tortura y humillación. Según sus testimonios y los de sus abogados, los presos fueron sometidos a golpizas constantes, aislamiento extremo y una falta total de condiciones mínimas de vida. «Nos dijeron que nos condenaron a pasar entre 30 y 90 años allí, a menos que el presidente de EE. UU. decidiera lo contrario» dijo Ramos Bastidas en una entrevista.
Además de los castigos físicos, la vida en Cecot se caracterizó por un nivel de privación inhumano. Los relatos de los deportados coinciden en varios puntos: la comida era escasa, el agua potable estaba contaminada, las luces nunca se apagaban y los guardias golpeaban a los prisioneros de manera sistemática. «Los guardias entraban en la noche y nos golpeaban sin piedad», declaró Edicson David Quintero Chacón, otro de los liberados.
Lo más alarmante de todo esto, según los abogados de los prisioneros, es que las torturas fueron no solo una cuestión de abuso aislado, sino una estrategia de represión estatal orquestada bajo el marco de un acuerdo internacional.
«Lo que ocurrió en Cecot es una violación directa de los derechos humanos, no solo por parte de El Salvador, sino también con la complicidad de las autoridades estadounidenses» señaló Stephanie M. Alvarez-Jones, abogada de varios deportados, al referirse al trato inhumano recibido por los prisioneros.
Un acuerdo de impunidad y abandono
La situación de Ramos Bastidas y sus compañeros comenzó mucho antes de que fueran enviados a El Salvador. En 2024, Ramos Bastidas había dejado Venezuela, buscando mejores oportunidades laborales para poder financiar el tratamiento médico de su hijo con asma severo.
Tras llegar al muro fronterizo entre EE. UU. y México, intentó buscar asilo, pero fue detenido. Aunque nunca había sido condenado por ningún crimen, el gobierno estadounidense lo vinculó con una pandilla venezolana, Tren de Aragua, basándose en informes no confirmados y tatuajes que llevaba en su piel.
A pesar de haber solicitado su deportación, Ramos Bastidas pasó meses en una instalación de detención sin recibir información clara sobre su futuro. Fue solo después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca que la situación de los venezolanos se complicó aún más.
Muchos de ellos fueron enviados a la base militar de Guantánamo en Cuba, y Ramos Bastidas temió lo peor. El 14 de marzo de 2024, compartió con su familia la esperanza de regresar a Venezuela, pero al día siguiente fue trasladado a Cecot, donde sufrió condiciones inhumanas.
“Pudieron haberlo deportado directamente a Venezuela,» dijo su abogada. “En su lugar, el gobierno de EE. UU. tomó la decisión de enviarlo a ser torturado en Cecot». Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad de las autoridades estadounidenses en lo que muchos consideran un acuerdo de impunidad y abuso hacia sus ciudadanos deportados.
El eco de la tortura y la larga recuperación
Las historias de los deportados venezolanos liberados, como las de Ramos Bastidas, están sacudiendo los cimientos de las relaciones diplomáticas entre Venezuela, Estados Unidos y El Salvador.
Los relatos de torturas y abusos no solo revelan una falla del sistema penitenciario de El Salvador, sino que también apuntan a un sistema de complicidad en el que las políticas de inmigración de EE. UU. se entrelazan con las violaciones a los derechos humanos en países aliados.
“Lo que estos hombres vivieron no fue solo un castigo físico, sino una tortura mental que marcará sus vidas para siempre. Ninguna cortesía o acuerdo diplomático puede borrar lo que ocurrió dentro de Cecot,» agregó Alvarez-Jones.
Mientras los liberados intentan reconstruir sus vidas y retomar la normalidad, la pregunta sobre justicia sigue en pie. ¿Quién será responsable de las heridas dejadas por la tortura y el abuso? Y, sobre todo, ¿quién garantizará que tales atrocidades nunca más se repitan?
Las víctimas, como José Manuel Ramos Bastidas, piden una reparación, no solo para ellos, sino también para todos aquellos que sufrieron en el olvido y la opresión, bajo el silencio cómplice de los gobiernos involucrados. La lucha por la verdad y la justicia, afirman, es solo el primer paso hacia la curación de las cicatrices que esta experiencia ha dejado en sus cuerpos y almas.
Crédito fotográfico: The Washington Post