THE LATIN VOX (31 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un movimiento que ya está resonando en los pasillos del poder geopolítico global, el contralor general de Panamá, Anel Flores, ha presentado dos demandas ante la Corte Suprema contra la empresa dueña de los principales puertos en ambos extremos del Canal de Panamá.
La acción judicial apunta directamente a Panama Ports Company (PPC), controlada en un 90% por el conglomerado hongkonés CK Hutchison, una de las empresas chinas con mayor presencia logística en América Latina.
El anuncio llega tras el fracaso en la venta de los puertos a un consorcio liderado por el fondo estadounidense BlackRock y la naviera suiza MSC, y ocurre justo cuando aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras estratégicas en la región.
Para muchos analistas, la decisión del contralor panameño marca un triunfo simbólico para Donald Trump, quien en su discurso inaugural en enero prometió “recuperar el Canal” de la supuesta influencia china.
De concesión histórica a pieza de ajedrez global
Los puertos en cuestión fueron otorgados a CK Hutchison en 1997, bajo un contrato que desde entonces ha generado controversia. La situación escaló cuando, el mismo 20 de enero —día del regreso de Trump al poder— Flores anunció una auditoría a PPC. Dos meses después, BlackRock y MSC revelaron su intención de adquirir la compañía junto a otros 41 activos portuarios de CK Hutchison en todo el mundo.
La venta, que debía concretarse el 27 de julio, fue bloqueada por presiones desde Beijing. El regulador antimonopolio chino anunció una revisión del acuerdo, y según reportes del Wall Street Journal, el gobierno de Xi Jinping condicionó su aprobación a la inclusión de Cosco, gigante naviero estatal chino, con poder de veto en el consorcio comprador.
“Un contrato abusivo”: Flores se planta
Ayer miércoles, Anel Flores calificó el contrato de PPC como “abusivo e injusto”, alegando que la empresa no ha pagado regalías suficientes al Estado panameño y que la extensión de 25 años firmada en 2023 carece de autorización legal. Una de las demandas busca anular el contrato, mientras que la otra pretende declararlo inconstitucional.
“No es correcto que en otras partes del mundo se negocie el futuro de activos que pertenecen a los panameños”, afirmó Flores, en alusión a las discusiones entre inversores internacionales sobre el destino de los puertos.
Aunque el presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró que respalda la acción judicial del contralor y negó que esté relacionada con la disputa internacional, el momento elegido para la presentación de las demandas favorece claramente al consorcio respaldado por Estados Unidos.
Entre la soberanía y el litigio internacional
Panamá abandonó formalmente la Iniciativa de la Franja y la Ruta —el ambicioso plan de infraestructura global liderado por China— en abril de este año. La decisión fue interpretada como un giro hacia Washington y sus aliados, en un contexto donde la seguridad del Canal y su infraestructura anexa ha cobrado nueva importancia geoestratégica.
Si la Corte Suprema falla a favor del Estado panameño, el contrato actual podría ser anulado y las concesiones portuarias relicitadas, abriendo la puerta a un nuevo operador.
Esto permitiría al país rediseñar los términos contractuales en beneficio propio. Pero el riesgo no es menor: CK Hutchison podría iniciar un proceso de arbitraje internacional, acusando a Panamá de expropiación motivada políticamente.
Un nuevo capítulo en la pugna EE.UU.–China
El caso pone de manifiesto cómo las infraestructuras críticas en países más pequeños se han convertido en escenarios de confrontación entre las grandes potencias. La disputa por los puertos panameños no es solo un problema contractual o financiero: es también una señal de que el Canal de Panamá vuelve a ser un punto caliente en la política internacional del siglo XXI.
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