THE LATIN VOX (1 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Una jueza federal en San Francisco ha frenado un nuevo intento del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones migratorias para decenas de miles de inmigrantes.
En una decisión contundente, la jueza Trina L. Thompson ordenó mantener el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 60,000 personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal, mientras continúa un juicio contra la administración Trump por presunta discriminación racial y violaciones al debido proceso.
Una batalla legal por el derecho a permanecer
El fallo, emitido esta semana, representa una importante victoria para defensores de derechos humanos y comunidades migrantes que han vivido durante décadas en Estados Unidos bajo TPS, un programa que permite a personas de países afectados por desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias permanecer legalmente en el país y trabajar sin temor a ser deportadas.
Thompson escribió que la decisión del gobierno de eliminar el estatus migratorio de miles de personas “careció de una revisión objetiva” sobre la situación en sus países de origen. Mencionó, por ejemplo, los efectos continuos de huracanes en Nicaragua, la violencia política en Honduras y la inestabilidad generalizada en Nepal.
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan”, escribió la jueza. “En cambio, se les dice que se marchen por su raza, sus nombres y su sangre”.
Una crítica directa a Trump y su política migratoria
La jueza Thompson fue más allá de lo puramente técnico. En su fallo, acusó a la administración Trump de haber actuado por motivos discriminatorios, citando declaraciones del propio presidente y de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como pruebas de que hubo un sesgo racial detrás de las decisiones.
“El color no es veneno ni crimen”, afirmó Thompson, al señalar que el gobierno había perpetuado la idea de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarían a la población blanca en Estados Unidos.
Los abogados de la National TPS Alliance, organización que representa a los demandantes, argumentaron que las decisiones de Noem fueron impulsadas por promesas de campaña de Trump y no por criterios humanitarios o legales.
Impacto humano y económico
De haberse levantado la protección, unas 60,000 personas —incluidos 51,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses y 7,000 nepalíes— habrían perdido sus empleos, seguros médicos y podrían haber sido deportadas a países con los que muchos ya no tienen vínculos. La jueza advirtió que la cancelación del TPS provocaría además una pérdida de hasta 1.4 mil millones de dólares para la economía estadounidense.
Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes, dijo que la administración solo les dio dos meses para abandonar el país, en lugar del plazo habitual de un año. “Fue cruel y desproporcionado”, declaró.
Reacciones internacionales y contexto político
El canciller de Honduras, Javier Bu Soto, celebró la decisión en la red social X, calificándola como “una buena noticia” que reconoce “el derecho a vivir con libertad y sin miedo”. Aseguró que su gobierno seguirá apoyando a los hondureños a través de la red consular en EE. UU.
En Nicaragua, la situación es aún más crítica. Desde el retorno al poder de Daniel Ortega, el país ha entrado en una deriva autoritaria con el cierre de miles de ONGs y la persecución sistemática de opositores, llevando a cientos de miles al exilio. Para muchos nicaragüenses bajo TPS, regresar no es una opción segura.
El futuro del TPS bajo amenaza
Aunque el fallo de Thompson da un respiro, el futuro del TPS sigue siendo incierto. El programa ha sido blanco constante del ala más dura del Partido Republicano, que busca reducir drásticamente la inmigración legal y ha eliminado protecciones para cientos de miles de venezolanos, haitianos, ucranianos, afganos y cameruneses.
El Departamento de Justicia argumentó que la secretaria Noem tiene autoridad legal para decidir sobre el programa y que el TPS “no está diseñado para ser permanente”. La próxima audiencia está programada para el 18 de noviembre.
El fallo en San Francisco es más que una victoria legal: es un recordatorio del frágil equilibrio entre políticas migratorias y derechos humanos. A medida que Estados Unidos se acerca a una nueva elección presidencial, el destino de decenas de miles de familias podría depender de decisiones judiciales como esta, donde no solo se juzga la letra de la ley, sino también el espíritu con que se aplica.
Crédito fotográfico: NPR/ Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images