THE LATIN VOX (2 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La batalla legal en torno a una de las medidas más controversiales de la agenda migratoria de Donald Trump se inclina cada vez más hacia su desmantelamiento.
Esta semana, un tribunal federal de apelaciones en Boston dio señales claras de que podría declarar inconstitucional la orden ejecutiva del expresidente que restringe la ciudadanía por nacimiento, reforzando el consenso judicial contra esta iniciativa.
Durante una audiencia celebrada el viernes, los tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones cuestionaron con severidad al abogado del Departamento de Justicia que defendía la orden firmada por Trump el 20 de enero, en su primer día de regreso en la Casa Blanca.
El decreto establece que los niños nacidos en EE. UU. no serían reconocidos como ciudadanos si sus padres no son ciudadanos estadounidenses ni residentes legales permanentes.
Un principio constitucional bajo fuego
La orden desafía el principio establecido por la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”.
Este principio ha sido interpretado desde 1898 —en el histórico caso United States v. Wong Kim Ark— como aplicable a todos los nacidos en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
“El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre esto, y no somos libres de ignorar su decisión”, dijo el juez David Barron, presidente del tribunal, durante la audiencia. Como sus dos colegas en el panel, Barron fue nombrado por un presidente demócrata, pero su argumento apuntaba más a la jurisprudencia que a la política partidista.
Derrotas judiciales consecutivas
Esta no es la primera vez que los tribunales desestiman el intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento. La semana pasada, el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, ya declaró la orden como inconstitucional.
Y anteriormente, jueces federales en Boston y New Hampshire emitieron fallos similares, incluyendo una decisión reciente del juez Leo Sorokin que bloqueó la aplicación de la medida a nivel nacional, pese a un fallo del Tribunal Supremo en junio que limitó el uso de “injunctions” de alcance universal.
No obstante, el alto tribunal dejó excepciones que permitieron a estos jueces emitir nuevas decisiones bloqueando la orden ejecutiva de Trump en todo el país, especialmente en el contexto de demandas colectivas impulsadas por 18 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia.
“El Tribunal Supremo ha reconocido repetidamente que los hijos nacidos de personas que están en EE. UU. sin autorización o de forma temporal siguen siendo ciudadanos por nacimiento”, argumentó el abogado Shankar Duraiswamy, que representa al estado de Nueva Jersey.
Otra derrota para la agenda migratoria trumpista
El mismo viernes, otro revés judicial se sumó a la jornada: la jueza federal Jia Cobb, en Washington D.C., bloqueó una política que buscaba acelerar la deportación de cientos de miles de inmigrantes que ingresaron al país bajo programas humanitarios durante la administración de Joe Biden.
La jueza sostuvo que permitir las deportaciones rápidas causaría “un daño irreparable” a los migrantes, y que el interés público se servía mejor manteniendo una suspensión de la medida mientras se revisa su legalidad.
¿El principio del fin para esta política?
Aunque la orden de Trump aún podría ser objeto de revisión final por parte del Tribunal Supremo, el consenso en las cortes de apelación —que han fallado unánimemente en su contra— sugiere que la medida tiene pocas posibilidades de sobrevivir.
Más allá del debate legal, el caso reabre una discusión profunda sobre los valores fundacionales de Estados Unidos y el significado de ser estadounidense. En un país forjado por migrantes, la noción de ciudadanía por nacimiento ha sido durante más de un siglo una piedra angular del contrato social.
Hoy, esa piedra está siendo defendida por los tribunales, frente a una de las ofensivas más agresivas de las últimas décadas en materia migratoria.
Crédito fotográfico: UPI