THE LATIN VOX (7 de agosto del 2025).- Por Daniela Medina.
En un giro político de gran repercusión, un abogado gubernamental de Alberta entrará hoy al juzgado de la Corte de la Reina (King’s Bench) para respaldar a un grupo partidario de la secesión provincial. Esta intervención ocurre en respuesta a la solicitud del funcionario electoral de Alberta, Gordon McClure, para que un juez determine si la pregunta propuesta para el referendo separatista viola la Constitución canadiense.
¿Qué está en juego?
En su carta dirigida al juez Colin Feasby, el abogado Nicholas Trofimuk, del Ministerio de Justicia de Alberta, defendió que la pregunta presentada por el Alberta Prosperity Project «¿Está usted de acuerdo en que Alberta se convierta en un país soberano y deje de ser una provincia de Canadá?»no es inconstitucional y debe poder incluirse en un referendo ciudadano.
Según su argumento, la ley actual permite que cualquier provincia consulte a sus ciudadanos mediante referendo sobre cualquier tema. Si este referendo por ejemplo, uno de independencia expresa con claridad la voluntad democrática, Ottawa y las provincias restantes tendrían la obligación de negociar los términos de la separación.
El marco legal y la posición política
El ministro de Justicia, Mickey Amery, ha declarado públicamente que el gobierno de la primera ministra Danielle Smith no apoya la secesión, sino una forma de soberanía dentro de Canadá. No obstante, sostiene que los ciudadanos deben tener la libertad democrática de plantear cuestiones como la independencia, siempre dentro del proceso legislativo establecido.
Esto coincide con la recién sancionada Ley Ciudadana Bill 54, que reduce drásticamente el umbral de firmas necesarias para activar referendos, potenciando la influencia de movimientos separatistas .
Reacción institucional y democrática
La solicitud del funcionario electoral McClure ha sido criticada por el gobierno, incluyendo la primera ministra Smith y el propio Amery, como una manifestación de “burocracia innecesaria” cuando, según ellos, no hay motivos para acudir a una revisión judicial .
No obstante, actores como la Indigenous Bar Association y líderes de First Nations han denunciado que estos referendos y cambios normativos pueden poner en riesgo los derechos garantizados por los tratados vigentes desde antes de la fundación de Alberta como provincia y atentan contra los principios de reconciliación constitucional . Además, algunas Primeras Naciones han reactivado demandas judiciales, cuestionando las bases constitucionales de leyes como la Alberta Sovereignty Act.
Panorama general
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Parte interveniente | Gobierno de Alberta, representado por Justice Department |
| Motivo de la intervención | Defender la constitucionalidad del referendo propuesto por Alberta Prosperity Project |
| Pregunta en disputa | Sobre la soberanía completa de Alberta |
| Contexto normativo | Citizen Initiative Act y Bill 54 reducen barreras para referendos constitucionales |
| Contraparte opositora | Gordon McClure, funcionario electoral, busca revisión judicial |
| Críticas destacadas | Riesgos para derechos indígenas y obligaciones constitucionales frente a movimientos separatistas |
La intervención gubernamental en favor de una consulta sobre la independencia provincial representa un momento álgido en la política canadiense. Más allá de los debates sobre soberanía y referendos, este caso pone en evidencia tensiones constitucionales profundas vinculadas con la relación entre Alberta, el gobierno federal, y las comunidades indígenas custodiadas por tratados históricos.
Mientras la Corte de King’s Bench evalúa la constitucionalidad del referendo propuesto, lo que esté en juego podría redefinir no solo la forma de hacer política democrática en Alberta, sino también el futuro del federalismo canadiense y la vigencia de tratados constitucionales.
Fuente: por David Climenhaga
Foto: Foto: Kurayba, Creative Commons