THE LATIN VOX (14 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un ataque aéreo israelí contra la prisión de Evin, en Teherán, el pasado 23 de junio, causó la muerte de al menos 80 personas —entre reclusos, visitantes y personal— en lo que Human Rights Watch (HRW) ha calificado como un “aparente crimen de guerra”.
Según un informe publicado ayer miércoles, la investigación de HRW, basada en imágenes satelitales, videos y testimonios, concluyó que los bombardeos destruyeron salas de visitas, pabellones, la cocina central, la clínica y las oficinas administrativas del penal, sin que se identificaran objetivos militares en el lugar. La prisión albergaba a más de 1.500 personas, muchas de ellas activistas pacíficos encarcelados por sus opiniones.
“El ataque israelí puso en grave riesgo la vida de presos ya vulnerables, muchos de ellos detenidos injustamente”, denunció Michael Page, subdirector para Oriente Medio de HRW, que calificó la ofensiva como “indiscriminada y contraria al derecho internacional humanitario”. El bombardeo ocurrió durante las horas de visita, cuando las áreas públicas estaban más concurridas.
Las autoridades israelíes han descrito a Evin como un “símbolo de opresión”, pero no han presentado pruebas de que fuese utilizada con fines militares. El ataque se enmarcó en un conflicto de 12 días entre Israel e Irán que dejó cientos de víctimas civiles en ambos países. Organizaciones iraníes estiman que las ofensivas israelíes causaron al menos 1.190 muertes y 4.475 heridos, tanto militares como civiles.
Abusos posteriores de las autoridades iraníes
HRW también denunció que, tras el bombardeo, el gobierno iraní sometió a los sobrevivientes a abusos, desapariciones forzadas y condiciones de detención inhumanas. Los prisioneros fueron trasladados a centros conocidos por su hacinamiento y maltrato —Qarchak para mujeres y Fashafouyeh para hombres—, en algunos casos esposados de dos en dos, golpeados con porras y sometidos a descargas eléctricas.
Mujeres encarceladas reportaron haber sido encerradas sin agua ni acceso a teléfonos antes de su traslado. Los reclusos enfrentaron celdas infestadas de insectos, hacinamiento extremo y la obligación de dormir en el suelo.
Entre los desaparecidos figura Ahmadreza Djalali, médico sueco-iraní condenado a muerte en 2017. Las familias denuncian que las únicas comunicaciones han sido llamadas breves y vigiladas, sin información sobre su ubicación ni estado de salud.
Llamado a investigaciones independientes
HRW exige investigaciones internacionales sobre las violaciones cometidas tanto por Israel como por Irán, y que los responsables enfrenten la justicia por posibles crímenes de guerra. “Ni el ataque ni sus secuelas deben convertirse en una nueva oportunidad para infligir sufrimiento a quienes nunca debieron estar en prisión”, subrayó Page.
El caso pone en evidencia, según defensores de derechos humanos, cómo los civiles y los prisioneros políticos siguen pagando el precio más alto en los conflictos armados, atrapados entre la violencia de los ataques y el abuso de las autoridades.
Crédito fotográfico: Fortune