THE LATIN VOX (21 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Una corte federal de apelaciones en San Francisco dio luz verde a la administración de Donald Trump para avanzar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de unos 60.000 migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que abre la puerta a su deportación en los próximos meses.
El fallo suspende la decisión de una corte inferior que había ordenado mantener vigentes las protecciones mientras avanzaba la batalla legal. Con ello, unos 7.000 nepalíes cuyos permisos vencieron el 5 de agosto, así como 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses cuyo TPS expira el 8 de septiembre, podrían ser expulsados del país.
Un golpe para comunidades establecidas desde hace décadas
El TPS es un mecanismo que permite al Departamento de Seguridad Nacional conceder permisos de residencia temporal y trabajo a migrantes cuando sus países atraviesan desastres naturales, violencia política u otras condiciones que impiden un retorno seguro.
En el caso de Honduras y Nicaragua, la protección fue otorgada tras el devastador huracán Mitch en 1998. Muchos de sus beneficiarios han vivido en EE. UU. durante 26 años, han formado familias con hijos ciudadanos estadounidenses y han contribuido activamente a sus comunidades.
“Esta administración está desdocumentando de manera sistemática a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos estadounidenses, fundando negocios y aportando a sus comunidades”, denunció Jessica Bansal, abogada de la National Day Laborer Organization.
Críticas a la decisión del gobierno
En julio, la jueza federal Trina L. Thompson había bloqueado temporalmente la medida al considerar que el gobierno puso fin al TPS sin una “evaluación objetiva de las condiciones en los países de origen”, señalando la violencia persistente en Honduras y los estragos recientes de tormentas y huracanes en Nicaragua.
Sin embargo, el fallo de apelación revierte esa decisión, mientras el caso sigue en curso con una nueva audiencia fijada para el 18 de noviembre.
Un pilar de la política migratoria de Trump
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida al asegurar que el TPS “nunca fue pensado como un sistema de asilo de facto, aunque así lo usaron administraciones anteriores”.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha recortado el TPS a cientos de miles de personas de diferentes nacionalidades: 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, 160.000 ucranianos, además de miles de afganos y cameruneses, muchos de los cuales mantienen demandas pendientes en cortes federales.
Abogados de los migrantes argumentan que las decisiones fueron motivadas por promesas de campaña y por prejuicios raciales, lo que convertiría la medida en ilegal.
Mientras tanto, el futuro de decenas de miles de familias centroamericanas y nepalesas pende de un hilo judicial. La resolución definitiva de la Corte Suprema podría determinar no solo su permanencia en EE. UU., sino también el alcance del TPS como instrumento humanitario en un país que hoy libra un intenso debate sobre su política migratoria.
Crédito fotográfico: NBC News