THE LATIN VOX (26 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó ayer lunes una ley que habría prorrogado las ayudas económicas a los refugiados ucranianos, profundizando el debate sobre el futuro de más de un millón de personas que han encontrado refugio en el país desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
El proyecto de ley, aprobado en el Parlamento, buscaba extender hasta marzo de 2026 los pagos de 800 złoty mensuales (unos 162 euros) por hijo a las familias ucranianas desplazadas. El esquema vigente expira en septiembre. Con su decisión, Nawrocki cumplió una promesa de campaña: endurecer el acceso de extranjeros a los programas sociales.
“Seguimos abiertos a ayudar a los ciudadanos ucranianos, eso no ha cambiado. Pero después de tres años y medio nuestra ley debe modificarse”, dijo el mandatario en un comunicado. Según su propuesta, solo los refugiados que estén trabajando tendrían derecho a recibir la prestación.
Un veto con trasfondo político
La medida generó un inmediato choque con el Gobierno del primer ministro Donald Tusk, quien criticó duramente el veto. La ministra de Trabajo, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, fue aún más tajante:
“No podemos castigar a la gente por perder su empleo, y mucho menos a niños inocentes. Esto es el ABC de la decencia humana”, escribió en la red X.
El veto refleja el pulso institucional entre Tusk y Nawrocki, un presidente de derecha que asumió el cargo este mes tras una reñida elección. El sistema político polaco otorga al jefe de Estado la capacidad de bloquear la legislación del Gobierno, lo que augura meses de parálisis y disputas entre el Ejecutivo liberal y la presidencia conservadora.
Incluso temas sensibles para la seguridad regional han quedado atrapados en esta pugna: el viceprimer ministro Krzysztof Gawkowski advirtió que el veto también pone en riesgo la financiación de Polonia al servicio satelital Starlink, vital para la conectividad militar y civil de Ucrania.
De la solidaridad al cansancio social
Polonia fue uno de los países europeos más solidarios tras la invasión rusa. Millones de ciudadanos se movilizaron entonces para donar alimentos, abrir sus hogares o apoyar a los recién llegados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el clima social ha cambiado.
Encuestas muestran un incremento del sentimiento antiucraniano, alimentado por discursos políticos y tensiones históricas. Al mismo tiempo, informes económicos contradicen esa narrativa: un estudio del Banco Nacional de Desarrollo concluyó que los refugiados han aportado más en impuestos de lo que han recibido en ayudas y que su mano de obra ha sido clave para la estabilidad del mercado laboral polaco.
“Tras la solidaridad eufórica de 2022, era inevitable que viniera una reacción contraria. Ahora estamos en ese otro extremo”, señaló Bartosz Cichocki, exembajador polaco en Kiev. “Con el tiempo encontraremos un punto de equilibrio”.
Un futuro incierto para miles de familias
La decisión de Nawrocki deja en suspenso el sustento de decenas de miles de madres ucranianas que dependen de la ayuda para criar a sus hijos en un país extranjero. Muchas de ellas, al no poder trabajar de manera estable por el cuidado de los menores o las dificultades del idioma, se enfrentan ahora a la posibilidad de perder su único ingreso garantizado.
Mientras Varsovia debate entre política, economía e identidad nacional, en los barrios y escuelas polacas los refugiados ucranianos se preguntan qué pasará después de septiembre. Para ellos, la ayuda social no es solo un beneficio: es una tabla de salvación en medio del exilio.
Crédito fotográfico: USA Today