THE LATIN VOX (31 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un movimiento que ha generado repercusiones a nivel nacional, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a la policía de la ciudad colaborar con las redadas migratorias federales impulsadas por la administración de Donald Trump.
La orden, firmada el pasado sábado, representa un rechazo frontal a la estrategia federal de enviar agentes migratorios y posiblemente tropas de la Guardia Nacional a ciudades conocidas como «santuarios», muchas de ellas lideradas por alcaldes demócratas.
Johnson calificó el plan de Trump como una “amenaza sin precedentes” para la democracia estadounidense.
“No tomo órdenes del gobierno federal”, declaró el alcalde durante una rueda de prensa. “Estamos aquí para proteger los derechos constitucionales de todos los habitantes de Chicago, sin importar su estatus migratorio”.
Una ciudad en resistencia
La orden ejecutiva instruye a todos los departamentos municipales a evitar cualquier cooperación con las autoridades federales en operaciones de control migratorio, incluyendo patrullajes, retenes o detenciones de tránsito relacionadas.
Además, prohíbe el uso de máscaras por parte de los oficiales de policía de Chicago, en contraste con los agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) que han adoptado cubrebocas para ocultar su identidad desde el regreso de Trump a la presidencia.
Este desafío directo llega después de que la Casa Blanca solicitara utilizar una base militar en las afueras de Chicago como centro logístico para operaciones migratorias. Aunque el gobierno federal sostiene que la medida es parte de un esfuerzo para “combatir el crimen”, las autoridades locales ven otra intención detrás de la iniciativa.
“Él [Trump] es imprudente y está fuera de control”, afirmó Johnson. “Es la mayor amenaza a nuestra democracia en la historia de este país”.
Gobernador en pie de lucha
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se sumó a la oposición contra la posible militarización de la ciudad.
Calificó la propuesta de desplegar a la Guardia Nacional como una “invasión” y advirtió que los verdaderos motivos del presidente podrían ser políticos.
“Los votantes deben entender que sus objetivos podrían ir más allá de combatir el crimen. Tal vez esté tratando de influir o incluso controlar las elecciones de 2026”, dijo Pritzker a CBS News.
La respuesta del gobierno federal
La Casa Blanca, por su parte, defendió sus acciones con un tono desafiante. Abigail Jackson, portavoz de la administración, desestimó las críticas como un “espectáculo mediático” por parte de los demócratas.
“Si estos alcaldes se enfocaran en combatir el crimen en lugar de atacar al presidente, sus comunidades serían más seguras”, declaró. “Reducir la criminalidad no debería ser un tema partidista”.
También citó el ejemplo de la alcaldesa Muriel Bowser de Washington D.C., quien recientemente elogió la presencia federal por, según ella, reducir los índices de violencia en la capital.
Una nueva era de confrontación
La decisión de Johnson no sólo reafirma a Chicago como ciudad santuario, sino que marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre gobiernos locales progresistas y la administración Trump.
Mientras se preparan posibles redadas masivas para la próxima semana, la ciudad se blinda legal y políticamente, lista para enfrentar lo que sus líderes consideran un atropello constitucional.
Con esta orden ejecutiva, Chicago no sólo se posiciona como un símbolo de resistencia migratoria, sino como un campo de batalla clave en la lucha por el equilibrio de poderes entre autoridades locales y federales en la era Trump.
Crédito fotográfico: AOL.com