THE LATIN VOX (31 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
“ICE está aquí. Me van a llevar. No voy a volver a casa pronto.” Con esas palabras, Luis Fernández se despidió por teléfono de su hija Liset mientras él era detenido en una oficina migratoria de Long Island.
Había ido a un control rutinario sobre su solicitud de asilo. Era el 24 de junio, una mañana calurosa de verano, y Liset, que celebraba el fin de curso en la playa, no imaginaba que esa sería la última vez que vería a su padre en libertad.
Hoy, más de dos meses después, Luis sigue encerrado en un centro de detención en Texas, a miles de kilómetros de su hogar en Queens.
Y a pesar de que un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bloqueó la decisión, recurriendo a una oscura herramienta legal que, según expertos, está siendo utilizada sistemáticamente por la administración Trump para castigar al máximo a los inmigrantes detenidos.
La detención prolongada como castigo
Luis, ecuatoriano, vive en Estados Unidos desde 1994. Es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, trabajador de toda la vida en un restaurante de Manhattan y figura central para su familia. Pero ninguna de esas circunstancias ha pesado a favor suyo frente a las nuevas directrices federales que dictan que toda persona que haya entrado ilegalmente al país —sin importar su antigüedad, historial laboral o vínculos familiares— es inelegible para salir bajo fianza.
A pesar de que un juez le otorgó la libertad con una fianza de $5,000, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apeló el fallo y aplicó una “suspensión automática”, un mecanismo poco utilizado que permite al DHS dejar en pausa la decisión del juez hasta que se resuelva la apelación, lo que puede tomar meses o incluso años.
“El sistema está siendo manipulado para infligir el mayor castigo posible en cada etapa”, explica Suchita Mathur, abogada del American Immigration Council. “Se ha vuelto una estrategia institucionalizada para desgastar, desmoralizar y forzar a las personas a abandonar sus casos.”
Una política con raíces post-11S
Este procedimiento legal nació tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 como una medida excepcional frente a amenazas a la seguridad nacional. Hoy, se aplica a inmigrantes como Luis, cuyo “delito” ha sido trabajar duro y criar una familia en Estados Unidos.
Según abogados y activistas, el DHS ha instruido a sus representantes legales a apelar todas las decisiones de fianza favorables a inmigrantes y aplicar la suspensión automática de forma sistemática. Funcionarios que se nieguen a hacerlo, según fuentes internas, se arriesgan a ser despedidos.
La práctica ha generado controversia en tribunales de todo el país. Jueces federales en estados como Minnesota, Maryland y Nebraska han cuestionado su legalidad y su impacto en el debido proceso. “El uso automático de esta herramienta convierte la decisión del juez en un gesto vacío”, escribió recientemente la jueza Julie Rubin en Maryland.
Una vida puesta en pausa
Mientras tanto, Luis sobrevive en una celda compartida con 20 personas. Hace frío constante por el aire acondicionado y, durante las primeras semanas, compartía un vaso de sopa instantánea con otros dos detenidos. Ahora trabaja en la cocina del centro e incluso ha empezado a cortar el cabello a otros internos como voluntario.
Desde Queens, su hija Liset, de 17 años, habla con él por teléfono todos los días por unos pocos minutos. Ella ha tenido que asumir el liderazgo en el proceso legal de su padre, ya que su madre no habla inglés, y además ha duplicado sus turnos en su trabajo de tienda para mantener a la familia y a su hermano menor, de nueve años.
“Esto es agotador en todos los sentidos”, confiesa Liset. “Ver que, aun cuando el juez dice que puede salir, lo mantienen detenido como si su vida no valiera nada.”
¿Quién es Luis Fernández?
Para sus compañeros del Square Diner —un icónico restaurante en Tribeca— Luis es mucho más que un inmigrante detenido. Es el cocinero que siempre tenía una broma lista, el primero en cubrir turnos de emergencia, el que compartía su sopa de pollo con quien lo necesitara. Sus compañeros recaudaron más de $20,000 para apoyar a su familia durante su ausencia.
“No es un criminal, es un padre increíble, trabajador incansable y una persona honesta”, dice un colega que pidió anonimato por miedo a represalias.
Una justicia que no llega
Luis tiene dos antiguas condenas por conducir en estado de ebriedad, una en 2003 y otra en 2014. Pero según su abogado, Craig Relles, ya pagó por esas infracciones y, aun así, logró demostrar ante el juez que no representa un peligro ni riesgo de fuga.
“El DHS tuvo la oportunidad de presentar pruebas de que era un riesgo, y no pudieron hacerlo. Luis demostró que merece estar en libertad mientras continúa su caso”, afirmó Relles.
Una lucha mayor
El caso de Luis Fernández no es único. Es uno entre miles de inmigrantes detenidos en redadas o chequeos de rutina, especialmente en áreas como Nueva York, donde la mitad de las detenciones recientes han ocurrido durante citas agendadas con inmigración.
Para muchos defensores de los derechos humanos, este caso simboliza cómo la administración Trump ha redoblado su política de mano dura, haciendo del sistema migratorio un laberinto punitivo diseñado para quebrar el espíritu de quienes buscan quedarse legalmente.
“Mi papá no es un número, no es una amenaza. Es un ser humano”, dice Liset. “Y merece estar en casa.”
Crédito fotográfico: CBS News / Donna Ferrato