THE LATIN VOX (3 de septiembre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Una reciente decisión judicial en Argentina encendió las alarmas en organismos internacionales de prensa y libertad de expresión. El juez federal Alejandro Patricio Maraniello dictó el 1 de septiembre una medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, en cualquier medio de comunicación o red social.
La orden, que responde parcialmente a un reclamo de la propia funcionaria, busca impedir la circulación de grabaciones difundidas el 29 de agosto por el canal de streaming Carnaval. El material, presuntamente registrado en la Casa Rosada, generó un fuerte debate político y mediático.
Rechazo internacional
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó con firmeza, calificando la medida como un precedente negativo para la libertad de expresión. Su presidente, José Roberto Dutriz, advirtió que se trata de “censura previa, prohibida expresamente por la Constitución argentina y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“La prohibición incluso alcanza a redes sociales y plataformas digitales, lo que agrava la restricción y genera un efecto de autocensura”, señaló Dutriz, quien además dirige La Prensa Gráfica de El Salvador.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y directora editorial de la OEM en México, subrayó que cualquier duda sobre los audios debería resolverse mediante investigaciones posteriores, y no bloqueando su difusión. “La transparencia y el debate público son pilares de la democracia”, sostuvo.
Allanamientos contra periodistas
La controversia se intensificó después de que el Ministerio de Seguridad solicitara a la justicia allanar la sede de Carnaval y las viviendas de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes divulgaron la información. Según informes de prensa, el presidente Milei considera que las grabaciones forman parte de un plan para desestabilizar a su gobierno en vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Estándares internacionales en entredicho
Diversos organismos recordaron que la decisión judicial contradice normas internacionales. Tanto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH como la Declaración de Chapultepec de la SIP prohíben expresamente la censura previa y cualquier limitación arbitraria al flujo de información.
En la misma línea, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la medida cautelar, defendiendo que los periodistas solo pueden responder con responsabilidades posteriores —civiles o penales— por el ejercicio de la libertad de prensa.
Una democracia a prueba
La decisión judicial ha colocado a la Argentina en el centro de un debate regional sobre los límites de la libertad de expresión en contextos de crisis política. Para la SIP y otros actores, el caso Milei podría convertirse en un precedente peligroso si abre la puerta a nuevas restricciones preventivas contra periodistas y medios.
Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Crédito fotográfico: PanAm Post