THE LATIN VOX (4 de septiembre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Más de 600 jefes y delegados de Primeras Naciones de todo el país se reúnen esta semana en Winnipeg para la Asamblea General Anual de la Assembly of First Nations (AFN), un encuentro que marca la agenda política y social indígena en temas como salud, educación, medioambiente, cultura, derechos humanos y, este año en particular, la controvertida Ley C-5, conocida como Building Canada Act.
El gobierno federal defiende que la ley agilizará el desarrollo económico al permitir que proyectos de “interés nacional” avancen con mayor rapidez. Sin embargo, muchos líderes indígenas advierten que el proceso abre la puerta a saltarse la obligación de consulta de la Corona, lo que podría vulnerar derechos fundamentales.
“Nunca más se deben ignorar a los titulares de derechos en el Parlamento, como ocurrió con el proyecto de Ley C-5”, dijo la jefa nacional de la AFN, Cindy Woodhouse Nepinak, en su discurso inaugural. Recordó que la historia de la relación entre la Corona y las Primeras Naciones demuestra que la defensa de tierras, aguas y recursos ha exigido superar enormes obstáculos.
Un llamado a la unidad
La gran jefa de la Asamblea de Jefes de Manitoba, Kyra Wilson, recalcó que aunque existan diferencias internas respecto a la ley, el progreso no puede llegar a costa de los derechos ancestrales. “Este encuentro nos da la oportunidad de hablar con una sola voz. Nada puede avanzar sin nuestro consentimiento libre, previo e informado”, subrayó.
El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, de origen anishinaabe, fue tajante: “No se puede construir una nación sin las Primeras Naciones de esta tierra”. Criticó que tanto el gobierno federal como algunas provincias intenten acelerar proyectos económicos “poniendo la carreta delante de los caballos”, sin haber hecho primero el trabajo de diálogo con las comunidades.
Compromiso de Ottawa, pero dudas persistentes
El viernes, el gobierno federal anunció la creación de una Oficina de Grandes Proyectos, que servirá de ventanilla única para gestionar iniciativas bajo la Ley C-5. Según la ministra de Relaciones entre la Corona e Indígenas, Rebecca Alty, el organismo incluirá un consejo asesor indígena y contará con 40 millones de dólares para garantizar la participación de las comunidades.
“Los grandes proyectos solo avanzarán después de una consulta significativa con los pueblos afectados. No es opcional”, afirmó Alty, quien destacó que el objetivo es construir economías resilientes en asociación con las Primeras Naciones.
No obstante, líderes como el senador Paul Prosper, de la Nación Mi’kmaw, advirtieron que el consejo asesor no debe convertirse en una simple formalidad para aparentar diálogo.
El desafío de la infraestructura
Más allá de la Ley C-5, la AFN también insiste en cerrar la brecha de infraestructura en las comunidades indígenas, estimada en 350,000 millones de dólares para 2030. Nepinak aseguró que esta inversión generaría cientos de miles de empleos y compensaría los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos. El presupuesto federal de octubre será, según dijo, una prueba clave para evaluar la voluntad política de Ottawa.
Asamblea marcada por la resiliencia
El encuentro, que debía celebrarse en julio, fue aplazado debido a los incendios forestales que obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares en Manitoba.
El jefe regional Willie Moore recordó esa emergencia en su discurso de bienvenida: “Hace poco, este mismo salón estaba lleno de nuestros hermanos desplazados, con camas de campaña. Les pedimos que mantengamos a esas comunidades en nuestros pensamientos y que su resiliencia guíe nuestro trabajo”.
Con debates sobre seguridad, bienestar infantil, repatriación de artefactos y estrategias frente a las adicciones, la Asamblea de Winnipeg no solo discute políticas: también reafirma que el futuro de Canadá pasa, inevitablemente, por el respeto pleno a los pueblos originarios y sus derechos.
Fuente: CBC News
Crédito fotográfico: Yahoo News Canada