THE LATIN VOX (7 de septiembre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Los jefes de las Primeras Naciones de Canadá han lanzado un llamado urgente al gobierno federal para endurecer las leyes contra los traficantes de drogas que devastan a sus comunidades, en medio de una crisis de opioides que continúa cobrando vidas.
La iniciativa fue presentada en la asamblea general anual de la Asamblea de las Primeras Naciones (APN) por Angela Levasseur, jefa de la Nación Cree de Nisichawayasihk, quien subrayó que la epidemia de opioides está matando a miembros de su comunidad y que el Estado debe actuar con mayor contundencia.
“Ya no podemos seguir perdiendo a nuestros jóvenes y padres de familia por drogas contaminadas. Necesitamos que el gobierno federal se comprometa a frenar esta crisis”, afirmó Levasseur.
El testimonio de un padre en duelo
Durante la asamblea, Joseph Fourre, cuyo hijo Harlan murió tras ingerir una pastilla de éxtasis adulterada con fentanilo, se unió al llamado. Con la voz entrecortada, relató cómo la Real Policía Montada de Canadá (GRC) le informó que, debido a que su hijo había aceptado consumir la sustancia creyendo que era éxtasis, no era posible responsabilizar penalmente a nadie por su muerte.
“Eso es inaceptable. Los traficantes sabían lo que vendían. Ellos están envenenando a nuestras comunidades”, denunció.
Fourre propone la creación de una “Ley Harlan”, en memoria de su hijo, que castigaría con una pena mínima de 15 años de prisión a los traficantes de drogas responsables de muertes causadas por sustancias contaminadas.
El proyecto también busca otorgar a las fuerzas de seguridad acceso a los teléfonos celulares de las víctimas para rastrear el origen de las drogas.
Un clamor por justicia y prevención
Las comunidades indígenas han sido golpeadas con particular dureza por la epidemia de opioides en Canadá, donde el fentanilo y sus derivados se han convertido en una amenaza letal. De acuerdo con datos oficiales, las muertes por sobredosis siguen aumentando, y los líderes comunitarios advierten que los traficantes apuntan deliberadamente a poblaciones vulnerables.
La resolución presentada en Winnipeg busca presionar al gobierno federal de Mark Carney para que adopte medidas excepcionales y envíe un mensaje claro: la venta de drogas adulteradas no quedará impune.
“Esta no es solo una crisis de salud pública, es también una crisis de justicia. Necesitamos herramientas legales para proteger a nuestras comunidades”, subrayó Levasseur.
Mientras tanto, familias como la de Harlan continúan llorando a sus seres queridos, esperando que el sacrificio personal sirva como catalizador para un cambio legislativo que salve vidas en el futuro.
Fuente: CBC News
Crédito fotográfico: Le Monde