THE LATIN VOX (18 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El penal de Angola, conocido durante décadas como el símbolo más brutal del sistema carcelario estadounidense, vuelve a estar en el centro del debate. La reapertura de su tristemente célebre unidad “Camp J”, rebautizada ahora como “Camp 57”, no servirá para albergar presos comunes, sino inmigrantes detenidos bajo la nueva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
La decisión del gobernador republicano Jeff Landry, tomada tras declarar en julio un discreto estado de emergencia, había generado especulaciones sobre la necesidad de espacio adicional para prisioneros estatales.
Pero en septiembre, Landry confirmó junto a funcionarios de la administración Trump que las instalaciones serían utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recluir a supuestos “delincuentes peligrosos”.
Un pasado cargado de violencia y racismo
Angola, construida sobre una antigua plantación esclavista, es la prisión de máxima seguridad más grande de Estados Unidos. Su historia está marcada por denuncias de abusos, violencia endémica y condiciones inhumanas.
En los años 50, decenas de internos se cortaron los tendones de Aquiles para protestar contra los maltratos; en 2023, un juez federal describió la atención médica en el penal como “cruel e inusual” y “aberrante”.
“Camp J era horrible. Lo peor que he vivido en 25 años preso en Luisiana”, recuerda Ronald Marshall, hoy activista de derechos humanos. Para él, la reapertura bajo control de Ice augura un futuro igual de sombrío: “Ese lugar tiene un espíritu propio que contamina a quienes mandan allí”.
Además, Angola mantiene prácticas que evocan la esclavitud: internos —en su mayoría afroamericanos— son obligados a trabajar en campos agrícolas por salarios ínfimos o inexistentes, vigilados casi siempre por guardias blancos. Abogados de derechos civiles sostienen que este sistema busca “quebrar” a los prisioneros más que cumplir con fines correccionales.
Migración y criminalización
El anuncio de Landry fue acompañado de un discurso cargado de retórica. “Los demócratas han abierto la frontera a violadores, depredadores de niños, traficantes y narcotraficantes”, dijo el gobernador. Sin embargo, múltiples estudios muestran que los inmigrantes indocumentados cometen delitos graves a tasas más bajas que los ciudadanos estadounidenses.
Para organizaciones como la ACLU de Luisiana, la estrategia es clara: usar la reputación “legendaria y temida” de Angola para reforzar la narrativa de que todo inmigrante es un criminal. “Es una imagen profundamente problemática que apela al miedo”, señaló Nora Ahmed, directora legal de la entidad.
Un laboratorio de la política migratoria
Luisiana se ha convertido en un epicentro nacional de detención y deportaciones: sheriffs locales firman contratos con Ice, y desde un pequeño aeropuerto en Alexandria despegan más vuelos de deportación que desde cualquier otro lugar del país.
Con la apertura de “Camp 57”, el Estado consolida esa función. El centro tendrá capacidad para más de 400 personas, aunque aún no está claro quién financió la remodelación ni bajo qué condiciones operará.
Lo que sí parece seguro es que el penal seguirá siendo un símbolo: no solo de la dureza del sistema penitenciario estadounidense, sino también de cómo la frontera entre detención civil de inmigrantes y castigo penal se desdibuja cada vez más.
“Antes, al menos podías apelar al gobierno federal para denunciar abusos”, lamenta Marshall. “Ahora no hay escapatoria, porque es el propio gobierno federal el que crea las condiciones”.
Crédito fotográfico: Bloomberg