THE LATIN VOX (29 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Dana Leigh Marks conoce como pocos el peso de la toga. Durante más de tres décadas marcó pauta en los tribunales de inmigración de Estados Unidos: a los 32 años ganó un caso histórico en la Corte Suprema que facilitó el acceso al asilo, lideró la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y abrió camino para una generación de mujeres magistradas.
Hoy, ya jubilada a los 71, observa con alarma cómo, según dice, la administración Trump ha devastado la institución a la que dedicó su vida. “He visto destruir toda mi carrera en seis meses”, afirma, con la franqueza que solo permite el retiro.
Tribunales en guerra
Marks describe un sistema judicial acosado y deliberadamente debilitado. Más de un centenar de jueces de inmigración han sido despedidos desde que Trump volvió a la Casa Blanca, incluidos cerca de un tercio en San Francisco, uno de los tribunales más grandes del país.
A ello se suma el temor de quienes acuden a audiencias y se encuentran con agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) apostados fuera de las salas, listos para detenerlos. “Actúan como la Gestapo”, denuncia.
El caos, asegura, no es accidental. “La administración está atacando a los tribunales en todos los frentes para demostrar que son disfuncionales y así eliminarlos”, advierte. Con un retraso histórico de 3,6 millones de casos, Marks considera que el desmantelamiento responde a una estrategia: asfixiar de recursos a las cortes para volverlas inviables.
Una vida dedicada a la justicia
Hija y nieta de inmigrantes judíos que escaparon de pogromos en Europa del Este, Marks creció con la conciencia de lo frágil que puede ser el derecho al refugio. Su experiencia en Chile durante el gobierno de Salvador Allende reforzó esa sensibilidad y la condujo hacia la abogacía.
En 1987 ganó el caso INS v. Cardoza-Fonseca en la Corte Suprema, que amplió la definición de “temor fundado” de persecución y, con ello, el acceso al asilo. A lo largo de su carrera se distinguió por humanizar las audiencias, convencida de que incluso cuando fallaba contra los solicitantes, la sensación de haber sido escuchados era esencial para preservar la legitimidad del sistema.
Interferencia política y jueces militares
Lo que más inquieta a Marks hoy es la creciente militarización de la justicia migratoria. En agosto, el gobierno eliminó la exigencia de una década de experiencia en derecho migratorio para ser juez temporal.
Poco después, 600 abogados militares fueron autorizados a ocupar esas vacantes. “Es absolutamente inédito”, alerta. “No quiero menospreciar a los abogados militares, pero preocupa que los elijan porque se percibe que seguirán órdenes”.
A su juicio, la raíz del problema es que los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia, y no del poder judicial independiente. “El jefe de los fiscales no debería ser también el jefe de los jueces”, insiste. Durante años luchó por separar las cortes migratorias del Ejecutivo, un proyecto que se ha quedado en el camino del Congreso.
Una advertencia para la democracia
Marks teme que lo que ocurre con los tribunales de inmigración sea apenas el preludio de algo más grande. “Son los canarios en la mina de carbón”, dice. “Lo que les sucede es un anticipo de lo que puede pasar con otros sistemas judiciales si no lo detenemos”.
Pese a la dureza de sus palabras, conserva algo de humor. “Si construyes con caos, aunque tengas razón en lo que levantas, se derrumba”, ironiza. Y aunque se declara “aterrada en todos los frentes”, no pierde la esperanza de que la ciudadanía —y el propio sistema legal— reaccionen antes de que sea demasiado tarde.
Crédito fotográfico: PBS