THE LATIN VOX (17 de octubre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump y uno de sus críticos más mordaces desde que abandonó la Casa Blanca, fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Maryland de manejar de forma indebida información clasificada.
La imputación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluye 18 cargos bajo la Ley de Espionaje y lo acusa de transmitir y conservar materiales confidenciales durante y después de su paso por el gobierno.
Según la acusación, Bolton habría enviado notas y entradas de su diario personal a dos personas no identificadas mediante correos y mensajes desde cuentas personales, en los que describía con detalle reuniones y actividades que contenían información sensible sobre defensa nacional.
Parte de esas notas habrían sido utilizadas como base para su polémico libro de memorias The Room Where It Happened (2020), un retrato explosivo del funcionamiento interno del gobierno de Trump que el propio expresidente intentó bloquear judicialmente antes de su publicación.
“El señor Bolton tomaba notas manuscritas en libretas amarillas durante sus días en la Casa Blanca y luego las transcribía digitalmente. Varias de esas notas incluían información clasificada”, señala el documento judicial.
En agosto, agentes del FBI registraron su casa en Maryland y su oficina en Washington, incautando cajas de documentos y archivos digitales.
Bolton, de 76 años, respondió con una declaración desafiante:
“Espero con ansias la batalla para defender mi conducta legítima y exponer este abuso de poder.”
Su abogado, Abbe Lowell, aseguró que las acusaciones son infundadas y que los textos mencionados son “diarios personales sin clasificación alguna, conocidos por el FBI desde 2021 y compartidos solo con su familia”.
Un caso con tintes políticos
La acusación contra Bolton marca la tercera acción penal reciente del Departamento de Justicia contra un crítico de Trump, lo que ha reavivado las sospechas de una instrumentalización política de la justicia.
El actual presidente republicano, que ha alentado públicamente a su fiscal general Pam Bondi a actuar contra sus opositores, reaccionó a la noticia asegurando no estar al tanto del caso, pero calificó a Bolton de “mal tipo”.
Durante su administración, Trump ya había intentado frenar la publicación del libro de Bolton, alegando que contenía información secreta. La investigación original fue archivada por el Departamento de Justicia bajo el mandato de Joe Biden, pero se reabrió tras nuevos hallazgos proporcionados por un servicio de inteligencia extranjero, según fuentes citadas por medios estadounidenses.
Los investigadores sostienen que Bolton compartió más de mil páginas de notas confidenciales con dos personas sin autorización de seguridad, incluso después de haber dejado su cargo.
Los mensajes fueron enviados a través de un grupo de chat que permaneció activo hasta dos semanas después de su salida del gobierno, el 10 de septiembre de 2019.
La delgada línea entre memoria y secreto
El caso de Bolton revive un debate delicado en Washington: hasta qué punto los exfuncionarios pueden documentar sus experiencias sin violar normas de seguridad nacional.
La Ley de Espionaje, aprobada en 1917, fue concebida para sancionar filtraciones deliberadas que comprometan la defensa del país, pero su aplicación a exasesores o periodistas ha sido objeto de fuertes críticas por su ambigüedad.
En este contexto, la imputación contra Bolton podría convertirse en un nuevo frente de batalla entre la administración Trump y el establishment de seguridad e inteligencia, del que el propio Bolton formó parte durante décadas.
Mientras tanto, el exasesor —quien alguna vez fue símbolo del ala más dura de la política exterior republicana— enfrenta ahora una ironía amarga: ser procesado bajo la misma ley con la que en el pasado defendió perseguir a quienes, según él, ponían en riesgo los secretos de Estados Unidos.
Fuente: The Guardian (UK)
Crédito fotográfico: Business Insider