THE LATIN VOX (17 de noviembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El Proyecto de Ley 7 presentado por el gobierno de la Coalition Avenir Québec (CAQ) ha abierto un debate que trasciende la política provincial: ¿hasta qué punto puede un gobierno priorizar la eficiencia administrativa sin comprometer políticas estructurales de largo plazo?
En el caso de Quebec, donde la lucha contra el cambio climático ha sido bandera identitaria durante años, la respuesta puede definir el rumbo de su transición energética.
El corazón del debate es el Fondo de Electrificación y de Cambios Climáticos (FECC), heredero del Fondo Verde y eje financiero del plan climático provincial. Sus 1800 millones de dólares en excedentes estaban destinados, por principio y diseño, a políticas de mitigación y adaptación. El proyecto de ley permitiría que ese dinero se desvíe hacia la deuda pública, el sistema vial o incluso reducciones en el impuesto a la gasolina.
El gobierno lo justifica como una manera de optimizar recursos y reducir burocracia. Sus críticos lo ven como un retroceso estructural en la arquitectura climática de Quebec.
Una tensión clásica: disciplina fiscal vs. acción climática
En política pública, la discusión no es nueva: ¿puede la disciplina fiscal coexistir con políticas climáticas robustas? El caso de Quebec expone la fragilidad de ese equilibrio.
Mover los fondos climáticos hacia la reducción de la deuda puede parecer fiscalmente prudente. El problema es la señal política que envía: si un gobierno en plena crisis climática decide relegar un fondo dedicado exclusivamente a la acción ambiental, implica que sus prioridades se han desplazado.
Además, existe una contradicción técnica evidente. El sistema de mercado de carbono —que financia el FECC— encarece intencionalmente los combustibles fósiles para fomentar la reducción de emisiones. Utilizar esos ingresos para abaratar la gasolina, como sugiere la ley, neutralizaría el mecanismo económico diseñado para reducir la contaminación.
El economista Steven Gordon lo resume de forma contundente: “Es equivalente a subsidiar los combustibles fósiles”. En términos de política climática, sería un contrasentido.
El impacto en el mercado de carbono y las señales a los actores económicos
El mercado de carbono en Quebec es uno de los más consolidados del continente y forma un sistema conjunto con California. Este marco regulatorio proporciona certidumbre a inversores y empresas, que planifican a largo plazo en función del precio del carbono.
La iniciativa del gobierno introduce incertidumbre regulatoria. Si los ingresos del mercado pueden redirigirse según prioridades coyunturales, la señal de estabilidad se debilita. A ojos de empresas que evalúan inversiones en electrificación, energía renovable o eficiencia industrial, esto puede interpretarse como una pérdida de ambición climática.
Más aún: el hecho de que Quebec sea la única provincia canadiense con precio significativo al carbono tras la eliminación del impuesto federal aumenta la presión política interna y el costo económico para sectores dependientes del transporte. El gobierno puede sentir el impulso de aliviar esa carga, pero hacerlo con fondos climáticos socavaría la lógica del propio sistema de precios al carbono.
¿Qué revela esto sobre la estrategia climática del gobierno Legault?
Aunque el gobierno afirma buscar “eficiencia”, la propuesta encaja en una serie de señales recientes que apuntan a un reposicionamiento político. En septiembre, el primer ministro François Legault sugirió que Quebec no podía ser “la única jurisdicción en Norteamérica” que realice esfuerzos significativos contra el cambio climático.
Para algunos analistas, estas declaraciones son más reveladoras que el propio proyecto de ley: Quebec podría estar adoptando un enfoque más pragmático —o más complaciente— respecto al progreso climático. El uso del FECC para fines no climáticos sería, bajo esta lectura, un cambio doctrinal más profundo que técnico.
El contrapunto: un informe que recomienda no retroceder
Paradójicamente, mientras el gobierno evalúa flexibilizar su ambición, su propio Comité Asesor Independiente propone lo contrario:
- Mantener o aumentar la meta de reducción del 37,5% para 2030,
- Y avanzar hacia la descarbonización total en 2045 mediante captura de carbono, presupuestos sectoriales y hojas de ruta industriales.
Para expertos como Charles-Édouard Têtu, la clave no es la viabilidad técnica, sino la coherencia política.
Si Quebec afirma preocuparse por la equidad intergeneracional, señalan que no puede reducir la inversión climática que determina las condiciones de vida futuras.
Conclusión: una encrucijada estratégica para Quebec
El Proyecto de Ley 7 no es simplemente una iniciativa administrativa: es un test ideológico sobre la dirección futura de la política climática en Quebec.
Si se aprueba en su forma actual, sentará un precedente peligroso: que los fondos climáticos, aun cuando sean generados por políticas explícitamente ambientales, pueden ser reasignados a objetivos fiscales inmediatos. Ello debilitaría la credibilidad climática de la provincia y erosionaría la estabilidad regulatoria que necesita la transición energética.
Si, por el contrario, el gobierno decide mantener la finalidad exclusiva del FECC, reforzará su reputación como líder climático y enviará una señal clara de que la acción ambiental no es negociable.
En un contexto internacional donde muchos gobiernos retroceden ante presiones económicas y electorales, la decisión de Quebec será observada con lupa. Lo que decida ahora podría redefinir su papel —y su legado— en la lucha global contra el cambio climático.
Crédito fotográfico: Getty Images