THE LATIN VOX (01 de Diciembre de 2025).- Por Daniela Medina.
El 27 de noviembre de 2025, el gobierno federal de Canadá y las autoridades de Alberta firmaron un memorando de entendimiento (MOU) con miras a facilitar la construcción de uno o más oleoductos privados para transportar petróleo desde las arenas bituminosas de Alberta hasta la costa del Pacífico concretamente hacia la costa noroeste de la provincia de British Columbia (B.C.).
El acuerdo contempla:
- Que los oleoductos sean construidos y financiados por el sector privado, con opción de co-propiedad y participación económica de pueblos indígenas, a través de entidades como la Alberta Indigenous Opportunities Corporation (AIOC).
- Priorizar según el gobierno la “exportación hacia mercados asiáticos”, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense.
- Que el proyecto de oleoducto, junto a un plan de captura y almacenamiento de carbono —el proyecto Pathways Alliance (CCUS) se presente formalmente ante las autoridades federales en 2026.
- Que, en paralelo, se revisen regulaciones ambientales y se ajuste el marco normativo para facilitar permisos y aprobar proyectos con plazos reducidos.
El gobierno federal justifica el pacto como una apuesta para “desbloquear” el potencial energético y económico de Canadá, generar empleo, asegurar la competitividad internacional y ampliar su influencia energética global, aún manteniendo formalmente su compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Reacción de pueblos indígenas: división, promesas e inquietudes
El pacto no ha generado una reacción unánime entre los pueblos indígenas. Algunas comunidades y organizaciones ven en el acuerdo una oportunidad, mientras otras rechazan radicalmente la iniciativa.
Quiénes lo respaldan al menos en parte
Entre los apoyos se encuentra la AIOC, que fue nombrada en el MOU como un socio clave. Representantes como Channa Martineau han descrito el acuerdo como “un primer paso” que podría abrir “oportunidades reales” para pueblos indígenas: participación económica, co-propiedad, ingreso a la industria y beneficios estructurales.
Para muchos, la posibilidad de entrar al capital, tener voz en los proyectos y compartir beneficios siempre que las condiciones sean justas y transparentes— representa una forma de reconocimiento histórico, integración económica y participación real en decisiones que afectan territorios y recursos.
Quiénes se oponen y por qué
Por otro lado, organizaciones representativas de pueblos indígenas costeros de B.C. y otras regiones han rechazado el pacto enérgicamente. Por ejemplo, la Union of B.C. Indian Chiefs (UBCIC) denunció que el acuerdo fue negociado “sin consulta adecuada” con las First Nations costeras, ignorando derechos tradicionales, territorios ancestrales y riesgos medioambientales.
Del mismo modo, la British Columbia Assembly of First Nations (BCAFN) emitió un comunicado afirmando que el plan viola derechos consagrados en convenios nacionales e internacionales como la necesidad de consentimiento libre, previo e informado para proyectos que afectan territorios indígenas y advierte que prioriza la economía petrolera sobre los derechos de los pueblos y la protección del medio ambiente.
En concreto, muchas comunidades se oponen a cualquier intento de levantar la prohibición de petroleros en la costa norte de B.C. una restricción existente desde hace años, gracias a la presión de pueblos costeros y sostienen que un derrame de crudo podría ser “catastrófico e irreversible” para sus tierras, aguas, pesca, cultura y supervivencia.
Las tensiones detrás del pacto: economía, clima y derechos indígenas
Este acuerdo revive dilemas fundamentales y muy complejos sobre el futuro de Canadá:
- Economía versus medio ambiente: El pacto apuesta por exportaciones petroleras a Asia, generación de empleo y crecimiento económico. Pero críticos advierten que sacrifica compromisos climáticos, al permitir la expansión de producción de combustibles fósiles, aun cuando se plantea capturar carbono.
- Derechos indígenas y consulta previa: Aunque el MOU menciona cooperación con pueblos indígenas, muchas comunidades sostienen que la “consulta” llega tarde, después de decisiones tomadas, y sin garantizar consentimiento.
- Riesgo ecológico real: El transporte de “bitumen diluido” (crudo pesado) y su exportación por tanque si se levanta el veto a petroleros implican graves riesgos de derrames, algo calificado por defensores ambientales como una amenaza a ecosistemas marinos altamente sensibles.
- Confianza social y gobernabilidad: El proyecto podría profundizar divisiones entre comunidades, provincias y el gobierno federal, especialmente si se percibe una imposición centralista que desoye a quienes se oponen.
Retos y barreras: nada está decidido
Aun cuando el acuerdo marca intención política, varios factores ponen en duda su concreción:
- Hasta ahora no hay un promotor privado confirmado dispuesto a asumir la inversión y los riesgos del nuevo oleoducto.
- Varias First Nations ya anunciaron que no darán su consentimiento al proyecto al menos no en los términos planteados.
- La oposición de la provincia de British Columbia y de comunidades costeras representa un obstáculo político y legal: levantar la actual prohibición a petroleros en su costa implicaría cambiar leyes aprobadas con amplio respaldo en esa provincia.
- Las dudas técnicas y ambientales siguen vigentes: muchos expertos consideran que la combinación de transporte por oleoducto + tanques + exportación mundial eleva el riesgo de derrames, contaminación, conflictos sociales y daños irreparables a los territorios. P
Voces clave del debate
- “Esta es una oportunidad para comenzar con el pie derecho”, dijo Channa Martineau de la AIOC, apoyando la posibilidad de participación indígena desde el inicio.
- En contraste, el liderazgo de UBCIC sostuvo que el acuerdo representa “un pacto irresponsable” que sacrifica pueblos indígenas y ecosistemas por conveniencias políticas y económicas.
- Desde BCAFN se afirmó que el acuerdo contradice principios fundamentales de derechos indígenas y soberanía territorial, pidiendo que se retire cualquier paso que viole esos derechos.
Un pulso entre desarrollo, identidad y futuro climático
El pacto entre Canadá y Alberta representa un momento decisivo: una apuesta clara por reactivar la industria petrolera, abrir nuevos mercados y reconfigurar la estrategia energética nacional. Pero también pone bajo tensión derechos ancestrales, compromisos ambientales y la cohesión social de pueblos indígenas y comunidades costeras.
Aún queda por verse si este acuerdo será la vía hacia un relanzamiento energético con participación indígena real y mitigación ambiental o el inicio de un conflicto prolongado, con riesgos ecológicos, sociales y culturales profundos.
El tiempo, las decisiones que tomen las comunidades indígenas, las empresas privadas y los gobiernos provinciales, definirán si este plan es un puente al progreso o una fuente de divisiones irreparables.
Fuente. globalnews.ca/
Foto: globalnews.ca/